Agencia UNO

Ciper Chile dio a conocer que el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) y otras siete personas, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público por un eventual sobreprecio de $430 millones en la adquisición del terreno para instalar un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en Las Condes.

La Fiscalía Oriente también solicitó hacer una revisión de las cuentas corrientes del municipio y de la empresa Vulcon Asset Management, que fue intermediaria de la compra, y de la cual es socio el extenista Paul Capdeville.

La investigación comenzó luego de que cuatro concejales de la Municipalidad de Las Condes denunciaran ante Fiscalía “precios abultados” en la compra de una de las 10 casas del terreno donde se construiría un Cesfam para la comuna.

De ese modo, y de acuerdo al citado medio en una publicación de abril de 2023, se analizaron los documentos notariales de la compra venta y el registro de propiedad del conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Lo anterior mostró que el 30 de diciembre de 2022 Las Condes compró una de las propiedades por $852 millones, mientras que el 24 de noviembre de ese mismo año, la misma casa se vendió por $422 millones. Es decir, el municipio habría pagado una diferencia de $430 millones. 

Ahora el ente persecutor busca dar cuenta de por qué el municipio pagó cerca del doble por la mencionada casa.

¿Qué autoridades deberán levantar su secreto bancario?

  • Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes.
  • Juan Manuel Masferrer, administración municipal de Las Condes.
  • Alejandro Contreras, exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación.
  • Ricardo Gutiérrez, exfuncionario de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.
  • Nicolás Lucero, jefe jurídico de Las Condes
  • Patricio Navarrete, exdirector jurídico del municipio.
  • Paul Capdeville, socio de la empresa Vulcon.
  • Nelo Travesany, socio de Vulcon.

“Espero que no se transforme en actos políticos”

Consultada por Ciper, la alcaldesa señaló que pidió “personalmente la información bancaria para aportarla a la Fiscalía”, apelando a que los otros funcionarios hagan lo mismo “para acelerar lo más posible la investigación”.

“Soy la principal interesada en que todo se investigue profunda y eficazmente y se resuelva lo más rápidamente posible. Lo único que espero es que esto no se transforme en una serie de actos políticos”, respondió.

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