Según el edil, las quejas de las comunidades en contra de las forestales corresponde a un “problema político”, y afirmó que Carabineros “no tiene la facultad de resolver temas políticos, ellos son instituciones jerárquicas que resuelven problemas de orden público”.
Millabur sostuvo que las forestales “tienen que devolverle las tierras a las comunidades, porque son ellas las que llegaron a entrometerse”, y emplazó al nuevo gobierno a resolverlo “de manera pacífica, no militarizando la zona, no enviando más policías, sino resolviendo los puntos que están en conflicto”.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.