Este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón tras el allanamiento a la sede del partido Comunes.
La situación se dio en el marco de la investigación por un posible fraude de subvenciones que abrió el Ministerio Público en contra de la ex candidata al Senado por la región Metropolitana, Karina Oliva.
La acción judicial busca designar a un fiscal para que investigue a sus pares Héctor Barros y Milibor Bugueño, quienes serían los responsables de la ejecución de la orden de allanamiento realizada por un grupo de efectivos del GOPE de Carabineros.
“Es fundamental que se investiguen los casos de corrupción que puedan haber existido en el Partido Comunes, pero eso debe hacerse con estricto apego a la ley y no puede ser pretexto para que fiscales inescrupulosos sean el medio para asestar golpes político-comunicacionales”, aseguró Rendón.
Para el abogado, la forma como se efectuó el allanamiento “fue diseñada para causar el mayor impacto posible en la opinión pública, en la víspera de una elección donde ese partido era parte de una coalición que llevaba candidatos a diputados, senadores, consejeros regionales y presidente de la República”.
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El objetivo, según Rendón, “fue dañar a esa coalición completa”.
“Ese tipo de abusos no puede volver a ocurrir, hay que pararlos desde un inicio para que no se perpetúen“, señaló.
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