María Candelaria Acevedo argumentó que no se le "podía quitar pensiones a quienes vieron vulnerados sus derechos por agentes del Estado". Además, señaló que la reforma, que está actualmente siendo discutida en el Congreso, transgrede tratados de Derechos Humanos.
El proyecto anunciado por el Gobierno que busca establecer normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia ha generado discrepancias al interior del oficialismo, principalmente en el Partido Comunista (PC), que se ha manifestado en contra de la medida.
Este lunes, la iniciativa fue despachada por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, incluyendo modificaciones como la exclusión del beneficio para aquellos condenados por crimen o simple delito, así como quienes hayan cesado en la función pública debido a medidas disciplinarias por faltas graves a la probidad administrativa.
Sin embargo, tras pasar a Sala sin considerar las indicaciones del Ejecutivo, la ministra Carolina Tohá anunció que el Gobierno presentará su propia propuesta.
Además, la secretaria de Estado mencionó que, por vía administrativa, se dejarán sin efecto las pensiones entregadas a personas con antecedentes penales.
La diputada del Partido Comunista (PC), María Candelaria Acevedo, alertó sobre la iniciativa, argumentando que “vulnera tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.
“Ateniendo mi trayectoria de más de 40 años de trabajo en la materia, analizaré llevar este proyecto al Tribunal Constitucional (TC), así como también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de ser necesario”, sostuvo.
La parlamentaria argumentó que no se le puede quitar pensiones a quienes vieron vulnerados sus derechos por agentes del Estado, “tal como pasó en la dictadura”.
“Acá no estamos hablando de delincuentes, como se ha querido establecer por parte de la derecha, hablamos de chilenos y chilenas, quienes vieron violados sus derechos humanos por agentes del Estado y a ellos se les debe reparar, tal como se comprometió este gobierno”, agregó Acevedo.
Por otro lado, la diputada precisó que en caso de que estas personas hubiesen cometido un delito, “deberán ser sancionados por ello, pero su pensión de gracia no debe ser cuestionada, dado que esa reparación va por un carril diferente”, puntualizó.
El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Melo, respaldó la postura del PC, pero expresó la necesidad de avanzar en la legislación.
El legislador aseguró que espera que la nueva propuesta del Gobierno sea integral, que aumente requisitos para otorgar pensiones, informe sobre antecedentes penales y habilite al presidente para revocar beneficios en casos penales.
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