La entidad también anunció que solicitará antecedentes sobre posibles responsabilidades médicas y propuso nuevas medidas para prevenir abusos, insistiendo en la necesidad de proteger tanto el buen uso de los recursos públicos como la integridad del ejercicio profesional.
Luego del informe emitido por la Contraloría General de la República que detectó que más de 25 mil funcionarios públicos abandonaron el país mientras se encontraban con licencia médica, el Colegio Médico de Chile (Colmed) alzó la voz este miércoles, exigiendo mayor fiscalización y sanciones para quienes hagan mal uso de este instrumento.
A través de un comunicado, la organización profesional fue enfática en rechazar cualquier uso fraudulento de licencias médicas, ya sea por parte de pacientes que las obtienen sin justificación, como de médicos que eventualmente las emiten sin criterios adecuados.
“Estas situaciones deben investigarse con profundidad y sancionarse conforme a la normativa vigente”, indicaron.
El gremio sostuvo que el informe de Contraloría demuestra la necesidad urgente de fortalecer los controles existentes, no solo sobre quienes emiten licencias, sino también sobre quienes las utilizan.
En ese sentido, recordaron que los funcionarios públicos están regidos por el Estatuto Administrativo, lo que permite la apertura de sumarios internos para establecer responsabilidades, recogió La Tercera.
Además, la entidad propuso una nueva medida para evitar abusos: permitir a los profesionales de la salud acceder al historial de licencias médicas de sus pacientes, lo que facilitaría una evaluación más precisa al momento de otorgarlas.
“El sistema debe garantizar que las licencias sean un derecho para quienes realmente lo necesitan, sin dejar espacio para irregularidades. Pero también debe proteger la dignidad del acto médico y evitar estigmatizar a los profesionales que ejercen con ética”, afirmaron.
En paralelo, Colmed anunció que solicitará los antecedentes necesarios para identificar si existen médicos involucrados en estos casos, los que serían derivados a sus Tribunales de Ética para una revisión de su conducta profesional.
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