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Tras el escándalo de la falsificación de más de más de 23 mil firmas, que habían sido validadas en una notaría cuyo titular estaba fallecido desde febrero de este año, el ex precandidato presidencial por La Lista del Pueblo, Diego Ancalao, interpuso una querella que fue admitida por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago a principios de septiembre.
En el texto detalló que pagó $3 millones a Iván Wladimir Rojas Fernández para que se encargara de la recolección de patrocinios mediante firmas notariales. Además, detalló que el pago fue entregado “en efectivo sin otorgar recibo ni boleta de honorarios” y que se hizo de “buena fe, por tratarse de una persona emparentada con la pareja de un amigo, quien goza de confianza y prestigio social”.
En contraste, Rojas Fernández aseguró que actuó exclusivamente de intermediario y que no recibió ningún pago por parte de Ancalao o su círculo cercano.
Ahora, la abogada de Ancalao, Mila Chávez, ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, según el texto, “por su actuar ilegal y arbitrario, que ha venido en afectar mis garantías constitucionales”.
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En detalle, listando los hechos por los cuales presentó el recurso, la defensa de Ancalao destacó el comunicado emitido por el Servel el 26 de agosto, cuando difundió las candidatura presidenciales aceptadas y evidenció aquellas que fueron rechazadas, incluyendo la del ex abanderado de La Lista del Pueblo.
En el comunicado del órgano electoral se explicitaron las firmas que habían sido validadas por el notario Patricio Zaldívar Mackenna, cuya notaría “dejó de funcionar en el año 2018 y dicho notario falleció en febrero de este año”. La abogada Chávez postuló en la solicitud que “Andrés Tagle, en la radio Bío-bío y otros medios radiales, además de la declaración antes descrita, introdujo cuñas en el sentido de afirmar que el candidato Ancalao habría cometido ilegalidades”.
“El efecto estas declaraciones fueron devastadoras para mi honra“, sostuvo Ancalao en el texto y agregó que “es de la máxima relevancia señalar que tomé conocimiento de las afirmaciones del señor Tagle en el mismo momento que todo Chile lo hacía”.
De esta manera, sobre el Presidente del Consejo Directivo del Servel, afirmó que “ha incurrido en una actuación ilegal y arbitraria toda vez que, mediáticamente y sin la notificación legal que rige el principio de eficacia para las actuaciones de la administración del Estado, me acusa, juzga y condena con su abusiva declaración e imputaciones”.
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Finalmente, en el documento, Ancalao manifestó la pregunta: “¿Cuál es el objetivo de la declaración pública, que contiene conceptos lesivos a mi persona, distintos de la resolución oficial que se dicta al día siguiente? Sin lugar a dudas que no solo resulta ilegal sino que también arbitraria la conducta del recurrido toda vez que no reviste un fundamento plausible que no sea vulnerar el principio de igualdad y no discriminación”.
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