El domingo 4 de julio se celebró la instalación de la Convención Constitucional. Antes de que ocurriera este hito democrático que llegó a subsanar la crisis social a través de la redacción de una nueva Constitución, desde muchos sectores se venía planteando la refundación de Carabineros de Chile y su reemplazo por otro organismo policial cuando se abordaban temas de seguridad y orden público.
Con relación a este debate, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención incluyó dentro de su propuesta de reglamento una artículo que establece lo siguiente: “Proponer el reemplazo de la institución de Carabineros de Chile por una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano, desmilitarizado, con carrera funcionaria de escalafón único y que someta su doctrina, sus políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto de los Derechos Humanos”.
Considero una mala idea adelantarse al debate de los convencionales que debería comenzar en octubre -una vez que esté el reglamento aprobado- a tratar los temas de fondo de nuestra nueva Carta Magna. En nuestro país Carabineros tiene una historia de casi 100 años que no se puede borrar de un día para otro y que más allá de que hoy la institución se encuentre con una baja credibilidad y reputación por escándalos financieros y los hechos ocurridos por el estallido social, fue durante años una de las entidades con mayor credibilidad y confianza en Chile. No se puede hacer borrón y cuenta nueva, sin embargo, necesitamos urgente un proceso de modernización.
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Es importante revisar los mecanismos de formación y capacitación a los funcionarios en diferentes materias como Derechos Humanos, cómo será la organización y carrera funcionaria, qué grado de descentralización va a tener, si es que debe ser una institución militar, etc.
Desde mi punto de vista, debemos respaldar la reciente iniciativa del Ejecutivo que busca la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que permitirá alejar la figura del ministro jefe de gabinete de las contingencias propias de la seguridad pública, otorgándole en consecuencia mayor estabilidad política. Los organismos vinculados a esta secretaría son: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y los seremis de Seguridad Pública.
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Esta iniciativa va en la línea correcta, ya que nos permitirá que exista por fin un ministerio que sólo se dedique a combatir a los delincuentes y criminales del país y que se haga cargo de otros temas como la ciberseguridad y controlar temas migratorios. Además, esto se encuentra dentro del plan para reformar a la policía uniformada que está en marcha y abarca todo el sistema de seguridad pública, que busca fortalecer la seguridad ciudadana, mejorando la eficacia de la acción policial, profundizando el control civil de las policías, aumentando la transparencia, la rendición de cuentas y finanzas (como ha pasado con los gastos reservados de los altos mandos de las policías) y fortaleciendo una mayor coordinación con las demás instituciones.
Frente a las nuevas formas de delinquir y necesidades de las personas por mayor transparencia y respeto irrestricto a las dignidad y derechos humanos, necesitamos un renovado paradigma de seguridad a través de una respuesta estatal completa, que supere la lógica que entiende a las policías como las exclusivas encargadas de la seguridad, y que parta de la base que esta función debe recaer en un sistema completo e íntegro de seguridad pública, encabezado por un ministerio especializado y 100% técnico y alejado de la política contingente diaria.
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