Columna de Rafael Pizarro: Si el pasado te condena, mejor olvidar

Recuerdo los anuncios del Gobierno sobre la “alianza estratégica” destinada a garantizar el futuro del litio chileno y, en esa misma línea, el acuerdo entre SQM y Codelco presentado como su primera gran materialización. También recuerdo, porque salvo los más jóvenes el país entero lo recuerda, el complejo y contencioso proceso de revisión de los contratos de SQM con CORFO, gatillado cuando se acreditó el financiamiento ilegal de campañas políticas con recursos provenientes, entre otros, de la explotación del litio.

Codelco, es evidente, tuvo presente ese antecedente al negociar su asociación con SQM: el convenio mantiene una condición pendiente nada menor, referida a la investigación por corrupción que pesa sobre la compañía en Estados Unidos. A primera vista, podría parecer un detalle técnico o jurídico. Sin embargo, en mi opinión, es el recordatorio más incómodo de un pasado que no puede despacharse con formalismos.

SQM carga con un historial de prácticas que dañaron la integridad del sistema político chileno y que trascendieron nuestras fronteras, dando lugar a procedimientos e investigaciones, incluso fuera del país. A mi juicio, esa trayectoria solo puede describirse como impropia en sentido material: no por afán retórico, sino porque revela conductas o a lo menos sospechas que contravienen los principios básicos de un estado transparente, eficaz y legitimo. Pretender que tal pasado se borra del presente con un trámite administrativo sería en mi opinión un acto de ceguera política.

El problema, con todo, no se agota en su estado reputacional de una empresa. Lo que hoy está en juego es la disposición del Estado a convivir con el peso de estas situaciones, cuando la promesa de mayores rentas fiscales o de un supuesto “control estratégico” opacan u ocultan la necesidad de integridad. Si el Gobierno optara por prescindir de la condición, o por satisfacerla solo de manera cosmética, el mensaje sería inequívoco: los errores y faltas del pasado se omiten en nombre del redito de un negocio (réditos cuya magnitud, por lo demás, es controvertida).

No se trata de minimizar la relevancia del litio ni de desconocer las oportunidades económicas que abre su desarrollo. El punto de fondo, desde una perspectiva de política pública responsable, es otro: la legitimidad de las decisiones estatales exige adhesión y rendición de cuentas. Una democracia madura no puede gestionar sin sopesar o evaluar lo ocurrido, menos aún con una compañía que es observada con recelo desde el amplio espectro político. Cuando el Estado elige socios, elige también estándares para sí mismo.

En este marco, el acuerdo SQM–Codelco seguirá incompleto y erosionado en su legitimidad, sin la fuerza necesaria para lograr los objetivos del Estado y el bienestar nacional.  Avanzar sin resolverla de manera sólida sería, en mi opinión, un error histórico: consolidaría una alianza con un actor cuestionado y normalizaría una lógica de discrecionalidad decisional, que más temprano que tarde, cobra su precio en confianza pública, en costos de transacción y en gobernanza sectorial.

Chile tiene la oportunidad de demostrar que la estrategia del litio no es sinónimo de realismo situacional y discrecional, sino de exigencia institucional estratégica. Ello implica subordinar el cierre de cualquier negocio, por atractivo que parezca, al cumplimiento íntegro, verificable y no meramente declarativo de integridad. Hacerlo no es un lujo moral; es condición de posibilidad para que la política pública sea sostenible, legítima y eficaz.

Rafael Pizarro es director de la Escuela de Administración Pública de la UTEM