Columna de Jorge Jaraquemada | Justicia en mora

Se cumplió un año desde que la Contraloría sacudió al país revelando que miles de personas habían viajado al extranjero mientras se suponía que reposaban con licencia médica; muchos eran funcionarios públicos. Este escándalo expuso una cultura de abuso e impunidad inveterada. Ahora surge otro episodio análogo: varios miles de personas, que perciben remuneraciones altas para el promedio nacional, figuran en mora con su Crédito con Aval del Estado (CAE), entre ellos numerosos empleados fiscales, incluidos funcionarios judiciales y magistrados.

A estos últimos, el Pleno de la Corte Suprema los conminó a regularizar su situación. Pero la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales reaccionó señalando que la Corte “excedía sus atribuciones”, porque no tendría facultades para exigirles que paguen. El argumento puede discutirse, pero no elimina el reproche ético. Es inconcebible que quienes deben impartir justicia —resolviendo conflictos de manera independiente, imparcial y objetiva— mantengan obligaciones en mora. No es una deuda cualquiera, sino una con garantía estatal.

Los jueces debe estar dispuestos a someterse a estándares más altos de exigencia que cualquier otro ciudadano, porque ejercen una potestad pública que los faculta para definir responsabilidades, restringir libertades, afectar patrimonios y fijar consecuencias obligatorias, y porque su legitimidad no deriva solo de la ley, sino también de la confianza que la gente tiene en su rectitud. Por eso este caso no admite relativizaciones ni defensas corporativas.

Por lo demás, es el umbral que la propia Corte Suprema fijó en el Código de Ética Judicial, aprobado en 2025, luego de varias situaciones bochornosas. Este exige que los jueces den “muestras inequívocas” de independencia, imparcialidad e integridad, tanto dentro como fuera de los tribunales, y que actúen con “conciencia institucional”, entendiendo que sus actos individuales afectan la imagen del sistema judicial y la confianza en la justicia. Ese es precisamente el punto. La credibilidad puede perderse no solo por sentencias erradas o injustas, sino también por la molicie organizacional que vuelve inverosímil el discurso ético.

Además, cuando la mora se prolonga, no parece reflejar una dejación o falta de liquidez puntual, sino una forma de incumplimiento deliberado que deja pasar el tiempo para luego ampararse en la prescripción. Y, en un país donde el ciudadano común enfrenta la cobranza inmediata de sus deudas impagas —con multas e intereses—, resulta obscena la tolerancia del Estado con esta contravención contumaz de quienes ejercen funciones públicas y, en particular, la potestad jurisdiccional.

El problema es estructural. Si numerosos funcionarios aparecen en esta condición, significa que la judicatura no fue capaz de anticipar y corregir a tiempo una anomalía que afecta su prestigio. La comparación con el escándalo de licencias médicas no es antojadiza. En ambos casos hay un uso oportunista de beneficios —licencias o créditos—, presumiendo que el ordenamiento no los sancionará o que reaccionará tardíamente. Esta actitud resquebraja la igualdad ante la ley.

¿Qué debiera ocurrir entonces? Primero, transparencia: corresponde que el Poder Judicial trate esta situación como una cuestión de integridad funcionaria y no como una controversia privada. Segundo, coherencia: no se puede predicar ética pública y tolerar, hacia adentro, la inobservancia persistente de obligaciones con el Estado. Tercero, consecuencias razonables y proporcionales, como señal de que la probidad no es decorativa. Quienes exigen acatar normas deben ser los primeros en cumplirlas.

Aquí no está en juego el CAE, sino la legitimidad de quienes custodian el imperio de la ley. Una magistratura que normaliza su propio incumplimiento se vuelve moralmente incapaz de exigirlo a los demás. Y una justicia sin autoridad ética, aunque dicte sentencias impecables, queda inevitablemente resentida.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán