La Convención Constitucional es una institución inédita en la historia dela República, un órgano ampliamente representativo, cuyos miembros han sido elegidos mediante las urnas y que redactará una nueva Constitución que deberá ratificar el pueblo de Chile en un plebiscito.
Su propia esencia hace que la configuración de sus rituales y de su burocracia exijan una mezcla de creatividad y tradición. Es lo que se vio en los primeros días desde su instalación: proponiéndose nuevos sistemas para la formación de sus normas internas, y apoyados por funcionarias y funcionarios estables del Tribunal Calificador de Elecciones y luego del Poder Legislativo. En momentos donde las definiciones que están en juego son tan importantes para el país, la expresión más noble de la función pública debe hacerse notar.
Compartiendo dicho espíritu, organismos autónomos encargados de la promoción y la cautela de los principios de probidad y transparencia hemos ofrecido nuestra colaboración para que los y las convencionales puedan responder con los más altos estándares de las leyes de probidad pública Nº 20.730 -que regula el lobby y la gestión de intereses-, y la Nº20.880 que establece las declaraciones de patrimonio e intereses.
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Tal es el caso de la iniciativa que hemos impulsado con la Contraloría General de la República, con la que nos hemos puesto a disposición de la Convención para colaborar en todas aquellas materias que, dentro del ámbito de nuestras competencias, sirvan para apoyar el trabajo de las y los constituyentes.
Lo anterior no se limitará solamente a aquella colaboración que apunta a sentar las bases y condiciones que permitan el cumplimiento de los estándares que establecen las normas que les son aplicables a los convencionales constituyentes, sino que además involucrará un traspaso de conocimiento y capacidad permanentes de manera de promover y favorecer la transparencia, la redición de cuentas y la probidad en el ejercicio de una función tan relevante para el país, tal como la propia mesa de la Convención ha establecido de forma prioritaria.
El éxito de la Convención Constitucional, cuyo origen es un ejemplo a nivel mundial de la forma en que los conflictos sociales pueden buscar resolverse a través de un cauce institucional, dependerá de manera importante de la legitimidad del proceso en cada una de sus etapas.
En tal sentido, no sólo debe haber disposición de todos los actores de la sociedad a colaborar, lo que sin duda incluye el apoyo irrestricto de
instituciones permanentes de la República. Esto último dado que, si hay algo que reivindica el ejercicio de la función pública, es justamente entender que cuando se tiene una responsabilidad institucional y una misión con el futuro del país, la labor de Estado debe ejercerse con responsabilidad, excelencia y sin estridencia.
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