Columna de Eduardo Muñoz: Nova Andina y las Cascadas 2.0: la continuidad del poder sin riesgo

Comencemos por precisar los hechos. Nova Andina es la nueva empresa conjunta creada entre Codelco y SQM para explotar, desde 2025, las pertenencias del Salar de Atacama, el yacimiento de litio más estratégico del país. Aunque su fórmula societaria se presenta como un modelo de cooperación público-privada, su diseño remite, para cualquier observador atento, a un esquema que Chile ya conoció y cuyo costo institucional fue alto: las llamadas cascadas.

Durante décadas, el sistema de cascadas permitió a la familia Ponce Lerou controlar SQM a través de una red de sociedades superpuestas. Bastaba una fracción menor del capital —en algunos casos, menos del 1% en el último eslabón— para detentar el control efectivo. El resultado fue una anomalía: quienes arriesgaban menos, decidían más. No se trataba sólo de ingeniería financiera, sino de una concepción del poder empresarial donde la propiedad era prescindible si el diseño institucional garantizaba influencia.

Nova Andina no reproduce formalmente esa estructura, pero reedita su lógica profunda. La familia Ponce, a través de su participación del 26% en SQM, logra incidir de modo decisivo en una nueva sociedad donde, en la práctica, accede al control del 50% de los principales activos de litio del mundo. Lo relevante aquí no es el número de acciones, sino el diseño de la empresa conjunta: un joint venture en que SQM aporta su experiencia operativa y tecnológica, y Codelco su titularidad formal.

La asimetría no es menor. La nueva empresa concentrará, bajo un contrato hasta 2060, la operación del Salar de Atacama. Los términos del acuerdo aseguran a SQM una posición paritaria en el directorio, y un derecho de veto en materias estratégicas. La minoría, en este caso, impone condiciones como si fuera mayoría.

Lo que está en juego es más que un contrato. Es un patrón de relación entre el Estado y el gran empresariado. Porque si se acepta como normal que el diseño institucional sirva para mantener el control con una baja exposición económica, lo que se consagra es una disociación entre riesgo y decisión, entre capital y autoridad. Es, en definitiva, una forma de captura institucional, sofisticada pero eficaz.

Mucho se ha dicho que el Estado será mayoritario. Pero el control, en el sentido relevante, no se mide en votos, sino en la capacidad de condicionar: en los quórums, en la dependencia técnica, en la gestión operativa, en el acceso a la información. Si una de las partes puede bloquear decisiones sin imponer las propias, entonces ejerce poder, aunque no lo exhiba.

Por eso la analogía con las cascadas no es nostálgica, ni ideológica, sino estructural. Como entonces, hoy la familia Ponce obtiene una posición privilegiada sin aportar proporcionalmente a ella. El Estado, por su parte, asume el discurso de la transición energética, pero acepta una arquitectura que consolida una asimetría: la de un privado que con menos capital logra más control.

Nova Andina, bajo esta luz, no inaugura un nuevo modelo. Confirma la dificultad persistente del Estado chileno para actuar como contraparte y no como socio subordinado. Una vez más, el poder se conserva; sólo cambian sus formas.

*Eduardo Muñoz Inchausti es director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso