Columna de Andrés Giordano y Camila Rojas: Desafiando resistencias en la Ley de Conciliación

La Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral es un avance crucial para las y los trabajadores, pero ha presentado algunas resistencias por parte del empresariado. Impulsada por el Gobierno con el respaldo de organizaciones sociales y sindicales, esta ley busca un cambio cultural, pero se encuentra con obstáculos inaceptables; los empleadores deben entender que su rol va más allá de ser meros cumplidores de normas, son agentes clave para su implementación efectiva.

Los derechos que la ley otorga, como negociar modalidades de trabajo que armonicen las esferas laboral y personal, están siendo ignorados por algunos empleadores. Rechazan solicitudes sin justificaciones válidas, vulnerando el espíritu de la ley, lo que no solo es un incumplimiento, sino una muestra de desprecio hacia el principio de igualdad y corresponsabilidad parental que la ley promueve, desafiando la idea anticuada de que solo las mujeres se encargan del hogar y la crianza.

También hay controversias en cuanto al nuevo panorama que presenta el teletrabajo y la jornada laboral, pero no puede haber matices: las excepciones no deben convertirse en la norma para evadir responsabilidades o negar derechos. La nueva legislación reconoce finalmente la jornada a quienes se les ha negado, a pesar de haber estado bajo vigilancia remota (Artículo 22), y es un avance que no debe diluirse bajo pretextos empresariales. Solo casos excepcionales, como gerentes y administradores, podrán estar excluidos de jornada.

Estamos en un punto de inflexión. Los avances legislativos —con sus luces y sombras derivadas de un Congreso fraccionado— no deben verse como concesiones, sino como actos de justicia. La resistencia de empresarios y sus representantes políticos no solo es un desafío legal, sino moral. Los derechos no son negociables y la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar deben entenderse como eso: un derecho. Es hora de que los empresarios se alineen con esta visión o se enfrenten a las consecuencias legales y sociales.

Es imperativo que la Dirección del Trabajo sea proactiva y firme. Su rol fiscalizador no puede limitarse por la falta de recursos o denuncias, y para ello debe fortalecerse con un presupuesto que refleje la importancia de su misión, y que tanto trabajadores como sindicatos no duden en denunciar cualquier intento de burlar la ley.

Sortear el riesgo de letras muertas requiere a la vez entregar herramientas y autonomía a quienes enfrentan estos conflictos, para su resolución. En el resto del mundo esa herramienta ya existe y es valorada como un instrumento que promueve paz social, mejores condiciones, jornadas laborales justas y, por cierto, mayor conciliación: se llama negociación ramal y multinivel, y es letra viva, compromiso del Presidente Gabriel Boric.

Nosotros, como representantes electos y defensores de los trabajadores, no descansaremos hasta que la ley y el programa se cumplan.