El presidente de la Federación Minera de Chile (FMC) llama al Gobierno a retomar con urgencia el proceso de depósito de la ley. "Confirmará el compromiso de nuestro país con la seguridad y salud de los mineros", comenta.
La ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) representa, a todas luces, un hito en la historia del trabajo y la seguridad minera en Chile. Esta ratificación marca un avance crucial en la protección y el bienestar de las y los trabajadores mineros, corazón y motor de esta vital industria para nuestra economía.
A nivel mundial, el Convenio 176 es una norma clave para la protección de las condiciones laborales en nuestro sector. Este acuerdo, adoptado por la OIT en 1995 y vigente en 34 países (incluyendo economías líderes en minería), ha ayudado a establecer estándares universales de seguridad y salud que han reducido significativamente los accidentes y enfermedades dentro del rubro.
En América Latina, Perú, Brasil y Uruguay ya han implementado este convenio, por lo que Chile se convertirá -por fin- en el cuarto país de la región en demostrar un compromiso serio con la seguridad de sus trabajadores mineros y sirviendo como modelos para otros en el continente.
Como líder mundial en la producción de minerales, nuestro país siempre ha enfrentado el desafío de que la riqueza generada se refleje en las condiciones, no tan solo económicas, sino también laborales de los mineros. A pesar de los esfuerzos, muchas veces nuestras regulaciones no han logrado cubrir adecuadamente las necesidades y riesgos que enfrentan nuestros trabajadores, no contando únicamente los índices de accidentabilidad, sino también las enfermedades ocupacionales.
Para muestra: este 2024, en lo que va del año, han muerto cuatro personas que trabajan en faenas nacionales. La frecuencia y severidad de estos sucesos han llevado a revisar de forma urgente las medidas de seguridad en todas nuestras operaciones, así como también a subrayar la necesidad crítica de implementar cambios estructurales y de comportamiento en la industria para garantizar que la seguridad de los trabajadores no se vea comprometida por la producción o la eficiencia económica.
En esa línea, el Convenio 176 de la OIT es más que un conjunto de recomendaciones; es un compromiso firme para mejorar las condiciones de seguridad en las minas mediante un marco legal que promueve la salud en las faenas, previene los riesgos laborales y otorga mayor participación a los trabajadores. Su ratificación responde a una deuda pendiente con el sector, ya que, según las cifras entregadas por el Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería), en el último Anuario de la Minería en Chile fallecieron 12 personas durante 2022. Es decir, un muerto por mes.
La Federación Minera de Chile (FMC) ha sido parte de esta lucha desde hace 14 años y ha tenido que presionar, negociar y educar tanto a la opinión pública como a diversos gobiernos sobre la importancia de este convenio. El hito que nos impulsó en la búsqueda de este convenio fue la lamentable tragedia de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, situación que, creímos, serviría para concientizar a la población, pero principalmente para forzar a las autoridades a tomar acciones. Sin embargo, este infortunio solo sirvió como un hito comunicacionalmente provechoso para la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera, ya que durante sus administraciones no hubo gestión alguna en pro de ratificar el Convenio 176.
Esto cambió cuando Gabriel Boric asumió como presidente. Primero como un compromiso de campaña el 14 de diciembre de 2021, luego con la presentación de un proyecto de ley del Ejecutivo el 10 de agosto de 2022 y finalmente con la aprobación unánime del Congreso el 12 de diciembre de 2023, quedando listo para ser ratificado como ley. Es decir, una promesa de gobierno que se cumple.
No obstante, aún queda un paso crucial para la completa integración del convenio en la legislación chilena. Un trámite que estaba programado para el pasado 30 de abril: el proceso de depósito de la ley, que se iba a realizar en el Palacio de La Moneda con la presencia del Presidente Boric, de representantes de la FMC y de las organizaciones agrupadas en la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMin). Esta instancia, suspendida hasta nuevo aviso producto del lamentable homicidio de tres carabineros en la Región del Bío-Bío, es esencial para que el convenio se vuelva operativo legalmente.
En términos normativos, el convenio tardará un año exacto desde que se efectúa el depósito para entrar en vigor legalmente. Para que esta transformación profunda se materialice, es urgente que se realice el trámite para que, cuanto antes, podamos comenzar el periodo de adaptación y, en 365 días, ajustar nuestra legislación y prácticas a los estándares internacionales que establece la OIT.
Es decir, habrá estándares más altos para el equipamiento de seguridad y las infraestructuras de las minas, asegurando que cada faena cuente con los recursos necesarios para operar de manera segura. Estos cambios no solo aumentarán la protección contra accidentes graves, sino que también fomentarán una cultura de prevención que se extenderá a todas las áreas de la industria minera en Chile.
Es imperativo que el Gobierno retome urgentemente este proceso. Este acto confirmará el compromiso de nuestro país con la seguridad y salud de los mineros. Es hora de cumplir con nuestra responsabilidad y garantizar que Chile no solo sea líder en la producción de minerales, sino también en la protección de las y los mineros.
Ante la sobrecarga laboral en el Ministerio Público, donde, por ejemplo, han aumentado las causas por crimen organizado, a la fiscal Patricia Ibarra comentó en CNN Chile Radio que la proyección actual supera a la que se había establecido en la reforma procesal penal de hace 20 años.
