El miércoles pasado fue el primer debate presidencial, en el cual participaron cinco de los siete candidatos a dirigir el gobierno entre los años 2022 y 2026. Lo que da una relevancia aún mayor a esta elección, es que quien sea elegido o elegida será el primer presidente o presidenta de un Chile con una nueva Constitución, escrita democrática y participativamente.
Desde Educación 2020, en conjunto con las 25 organizaciones de la sociedad civil que componemos Acción Colectiva por la Educación, escuchamos con expectación el debate, a la espera de conocer las ideas y propuestas de los candidatos sobre este tema, fundamental para la construcción del Chile que soñamos. Sin embargo, una vez más, estuvo prácticamente ausente de la discusión.
Llama la atención la poca conexión con los desafíos educacionales que requiere el país -tanto de los candidatos como de los temas elegidos para el debate- considerando que la educación es, según distintos estudios levantados en el marco del proceso constitucional, una de las principales preocupaciones a resolver de las personas, con miras a este nuevo Chile.
Considerando esta preocupación, desde Acción Colectiva por la Educación quisimos conocer más profundamente qué esperan las comunidades educativas de nuestro sistema educativo, de modo de incorporar estas reflexiones en el proceso de elaboración de la nueva Constitución, y en los programas de gobierno de los distintos candidatos y candidata presidencial. Con este propósito desarrollamos la iniciativa Tenemos que Hablar de Educación, que contó con el apoyo de UNICEF en el trabajo con niños y niñas, y que funcionó al alero del proceso ciudadano Tenemos que Hablar de Chile, convocado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile.
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Este proceso participativo se llevó a cabo en distintas etapas, orientadas a reflexionar y compartir los sueños y anhelos respecto al futuro de nuestra educación. La primera de ellas involucró a 167 comunidades educativas (jardines infantiles y salas cunas, escuelas y liceos, de todas las regiones del país), y a más de 7.800 participantes, entre niños y niñas a partir de los 2 años de edad, adolescentes, docentes y asistentes de la educación, equipos directivos, padres, madres y apoderados.
La segunda etapa, consistió en mesas de profundización llevadas a cabo durante el primer semestre de este año, en las que más de 90 personas de comunidades educativas, de la academia y organizaciones compartieron sus visiones y reflexiones en relación a la primera etapa, consolidadas en recomendaciones para nuestro sistema educativo. Lo que hemos podido constatar a través de este proceso, es una visión transversal de las comunidades educativas respecto a la urgencia de una “revolución pedagógica” que, de alguna manera, cambie el paradigma de nuestro sistema.
En este sentido, estudiantes, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, familias y académicos del sector, coinciden en la necesidad de avanzar hacia un nuevo paradigma que entienda la educación como un bien público y permita que todas las personas accedan equitativamente a una experiencia formativa desafiante y significativa, vinculada con los contextos territoriales y las necesidades del estudiantado.
Un elemento central de este nuevo paradigma es que promueva aprendizajes desde una perspectiva integral centrada en cada estudiante, con estrategias pedagógicas que favorezcan que ellos y ellas sean protagonistas de su propio aprendizaje, con un rol activo y consciente respecto a cómo ellos aprenden hoy y, quizás aún más importante, cómo pueden seguir aprendiendo mañana. Un elemento fundamental de la experiencia formativa, y uno de los más graves en que estamos fallando como país.
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Entre los resultados que entregó la Agencia de Calidad de la Educación el 2018, pudimos observar que en 4° básico (entre 9 y 10 años), el 49% del estudiantado cree que hay cosas que no puede aprender ¿Se imaginan ustedes cómo es la vida diaria de un niño o niña que sigue, día a día, participando de una experiencia escolar marcada por la convicción de que no puede aprender? Esto tiene profundas implicancias en su desarrollo integral, su bienestar y aprendizajes, pero además, en la sociedad que buscamos construir ¿Cómo se desarrolla compromiso con lo común, pertenencia a esa sociedad, si lo que se vive día a día es esa desesperanza?
Este cambio de paradigma implica una profunda valoración de la diversidad y la inclusión en el sistema educativo. Y es que si avanzamos a una mirada en que el centro está en observar y promover el aprendizaje de cada estudiante, la lógica de la diversidad se desprende de modo natural y pasamos de poner el énfasis en lo que se debe enseñar, a cómo favorecer que todas y todos los estudiantes puedan desarrollar las habilidades necesarias para ser protagonistas de sus proyectos de vida y abordar los desafíos que impone la sociedad contemporánea.
Una característica muy importante de este nuevo paradigma es que promueve la colaboración en los distintos niveles del sistema educativo, así como entre las y los diversos actores involucrados. En este sentido, se busca fortalecer comunidades educativas comprometidas con un enfoque de derechos humanos, donde se plasmen y vivan en la cultura escolar los valores democráticos, la colaboración, el respeto y la valoración de la dignidad de cada persona.
La conciencia sobre la urgencia de este cambio se viene gestando hace mucho tiempo en nuestro país. Estoy segura, de hecho, que muchos de ustedes tienen casos cercanos de niños y niñas donde su pasar por la escuela, liceo o colegio está o ha estado desprovistas de sentido, cargadas de malas experiencias o incluso situaciones negativas, con consecuencias negativas en su desarrollo, bienestar socioemocional y, finalmente, en la construcción de lo común en nuestro país.
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Por todo lo anterior, la educación no puede seguir en segundo plano en el contexto de una carrera presidencial y mucho menos en medio de un proceso constitucional. Un tema de profundo interés y consecuencias para la ciudadanía no puede seguir ausente de las principales discusiones del país, porque bien sabemos que la educación está a la base de la construcción de un mejor país y, en definitiva, de una sociedad más íntegra, diversa, equitativa, inclusiva, que respete y valore la diferencia, entre tantos otros temas.
Las comunidades educativas ya lo dicen: el cambio de paradigma no sólo es necesario, sino también urgente. Para que Chile cambie, la educación también se debe revolucionar. Confiamos en que los candidatos vuelvan a conectar con esta demanda transversal de la ciudadanía.
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