El banco más grande de Estados Unidos, J.P. Morgan, publicó este jueves un análisis detallado del proyecto de Reconstrucción Nacional, el plan económico más ambicioso del gobierno, en el que detalló sus riesgos fiscales.
El banco describió que Chile está llevando a cabo una “delicada maniobra económica”, en la que el país intenta reactivar el crecimiento sin abandonar la disciplina fiscal que ha sustentado durante décadas su credibilidad en los mercados globales.
La lógica del plan del gobierno, según J.P. Morgan, es reducir distorsiones, incentivar la inversión y permitir que el dinamismo del sector privado eleve el crecimiento del país.
En ese marco, los mayores ingresos fiscales no vendrían de tasas impositivas más altas, sino de una economía más grande y dinámica. Sin embargo, la institución financiera advierte que esa idea tiene un problema estructural de tiempos.
A eso, agregan que los costos fiscales son inmediatos y en gran medida concretos y están incorporados en cambios legales concretos. Mientras que los beneficios dependen de respuestas conductuales que ningún gobierno puede controlar del todo, decisiones de inversión, ganancias de productividad y condiciones económicas generales.
“La reforma se basa en una premisa atractiva, pero incierta: que el crecimiento puede lograr lo que el presupuesto, por sí solo, no puede”, afirmaron.
Los escenarios proyectados por J.P. Morgan
El análisis de J.P. Morgan cuantifica el impacto fiscal del proyecto bajo tres escenarios. En el más optimista, asumiendo que el crecimiento responde plenamente a las reformas, el impacto fiscal se acerca al equilibrio en el año 5 o 6, y se vuelve significativamente positivo desde el año 10.
En un escenario conservador, donde solo se materializa la mitad del crecimiento proyectado, el proyecto tendría un arrastre fiscal de entre 0,13% y 0,44% del PIB hasta el año 9.
Y en el escenario más adverso, con solo un 25% de las ganancias de crecimiento proyectadas, el costo sería permanente, sin mejoras significativas ni siquiera al año 15.
Reducción del impuesto de primera categoría
La medida individual más relevante del proyecto es la rebaja del impuesto de primera categoría, que bajaría gradualmente del 27% al 23% entre 2027 y 2029.
J.P. Morgan reconoce que la lógica económica es sólida, dado que Chile está por encima del promedio de la OCDE, que es de aproximadamente 24%, pero advierte que el costo estático permanente se estima en 0,44% del PIB desde el año 4, mientras que los beneficios en mayor recaudación tardan más de una década en materializarse plenamente.
El banco también valoró positivamente las medidas de simplificación regulatoria, calificando la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el tope de 30 días a las medidas cautelares ambientales como el componente de mayor valor por dinero de todo el proyecto.
Sin embargo, reconoce que ese límite es controversial, ya que podría reducir la protección ambiental efectiva durante el período crítico posterior a la supervisión.
Discusión en el Congreso y sostenibilidad fiscal
Un elemento central del proyecto es el Congreso, donde J.P. Morgan anticipa un proceso complejo. El banco más grande de EE.UU. señaló que existe reconocimiento transversal de que el crecimiento debe mejorar y que la inversión ha sido frenada por ineficiencias regulatorias, lo que genera una base de apoyo potencial.
En esa línea, aseguraron que las preocupaciones sobre sostenibilidad fiscal, especialmente entre la oposición, moldearán el debate. En ese escenario, J.P. Morgan estima que el proyecto probablemente emergerá del Congreso con ajustes: “Quizás a través de una implementación más gradual de los recortes tributarios, o condiciones explícitas vinculadas al desempeño de los ingresos”.
La deuda pública se acerca a su límite de 45% del PIB
La deuda pública bruta se acerca al techo del 45% del PIB que el propio gobierno se fijó como límite de prudencia, lo que reduce el margen de error. Como advierte J.P. Morgan, incluso en el escenario más optimista, el proyecto no evita un aumento inicial en la razón deuda-PIB.
Según la entidad económica, por un lado, el plan busca un marco orientado al crecimiento, por otro, busca preservar la disciplina fiscal a través de la contención administrativa del gasto y un control más estricto de los pasivos contingentes.
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