Funcionarios que viajaron con licencia médica: ¿Cómo se pueden recuperar los recursos públicos?

Más de 2,5 millones de personas en listas de espera podrían haber sido atendidas, o bien, se podría haber construido un hospital al mes. Esas son algunas de las urgencias del sistema de salud que, según estimaciones, podrían haberse resuelto con los 300 millones de dólares que se destinaron al pago de licencias médicas fraudulentas, utilizadas por funcionarios públicos que incluso salieron del país mientras se encontraban con reposo médico.

“Hay consenso en que se tienen que devolver los montos, pero para eso hay ciertos caminos. La alternativa es, si es que hay querella, por ejemplo en el caso de fraude, es probable que dentro de ese mismo proceso penal se pueda optar quizás a alguna salida alternativa que implique el pago o la devolución de esos fondos percibidos indebidamente”, planteó Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud.

El problema, sin embargo, no solo se remite a las investigaciones, sino también a la magnitud de las devoluciones que podrían exigirse. Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, advirtió: “Lo más complejo es el caso de personas que tienen millonarias deudas. Yo he conocido casos de personas —por ejemplo, hace poco el de una funcionaria del Hospital San José— que por licencias rechazadas tendría que devolver más de 30 millones de pesos. Obviamente que eso no alcanza a ser devuelto en una sola remuneración”.

Para estos casos, explicó Inostroza, la Contraloría General de la República (CGR) podría permitir el pago en cuotas: “Es la Contraloría la que podría establecer que eso se pudiese pagar en cuotas”, sostuvo.

El ente contralor ya anunció la apertura de sumarios para más de 25 mil funcionarios públicos involucrados, y cada día se suman más renuncias. Frente a este escenario, expertos advierten que la renuncia puede dificultar la recuperación de los fondos, dado que el Estado no puede rechazar renuncias si no hay un sumario abierto.

“Lo ideal sería que estos no pudiesen renunciar para que el Estado pudiera hacer los descuentos, ya que si ellos renuncian, inmediatamente dejan de prestar servicio y, por lo tanto, dejan de recibir un sueldo por esta prestación de servicios para el Estado. Desgraciadamente, el Estado no puede rechazar las renuncias, salvo cuando ya se abrió un sumario en contra de ese funcionario público”, explicó Manuel de la Castilleja, académico de la Universidad Finis Terrae.

En esa misma línea, Fernández planteó una solución administrativa: “Lo recomendable acá es que frente a renuncias voluntarias, esas renuncias sean aceptadas una vez que los sumarios estén instruidos, es decir, que haya una suerte de retención de esa renuncia”.

Desde el Ejecutivo, en tanto, remarcan que los responsables no quedarán impunes. “Y respecto a los funcionarios que han renunciado o pueden renunciar a sus cargos, eso no los exime de los sumarios administrativos correspondientes. Para efectos de la devolución de esos recursos y para efectos de las sanciones administrativas que pudieran ir más allá del ejercicio del cargo que tenemos funcionando en un momento determinado, todo eso sigue siendo totalmente válido”, remarcó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es que los empleados públicos tienen un beneficio que los trabajadores del sector privado no poseen: aunque una institución de salud rechace su licencia, el pago de su remuneración se mantiene. “Y ahí el problema es que los servicios públicos son muy incompetentes, hay desidia”, subrayó Inostroza.

Desde el Congreso ya se anunció el ingreso de un proyecto de ley que permitiría descontar de la declaración de renta los sueldos de quienes utilizaron licencias falsas, en caso de que no devuelvan el dinero dentro de 30 días.

Con información de Natalia Muñoz, periodista de CNN Chile.