FNE advierte vacíos en contratos de obras del Minvu y propone resguardos para evitar colusión en licitaciones

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) modificar el reglamento de contratistas y el reglamento de contratos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), con el fin de incorporar resguardos para la libre competencia en las licitaciones de obras públicas que realizan el ministerio y los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Las recomendaciones se plantearon en una audiencia realizada el 4 de noviembre, en el marco de un expediente de recomendación normativa presentado en enero por las empresas Icafal, Sicomaq, Constructora IS e Inversiones Morval.

Las constructoras pidieron modificar los decretos supremos N°127 de 1977 y N°236 de 2002 del Minvu, que regulan el Registro Nacional de Contratistas (Renac) y la contratación de obras.

En su exposición, la abogada de la División Antimonopolios de la FNE, Maura Lara Altamirano, señaló que la Fiscalía es partidaria de flexibilizar esas disposiciones, siempre que se adopten los resguardos necesarios para proteger la competencia en estos procesos.

FNE advierte baja participación en licitaciones de obras públicas

El análisis de la FNE da cuenta de un mercado con baja participación de oferentes. Entre 2020 y 2025, los Serviu adjudicaron al menos 1.820 licitaciones de obras, con un promedio de entre 1,9 y 4,1 ofertas aceptadas por proceso, según el Serviu, y una mediana que en la mayoría de los casos se ubicó entre dos y tres. Solo en la Región Metropolitana la mediana llegó a cuatro ofertas. A marzo de este año, el Renac tenía 910 empresas inscritas.

El principal cambio en discusión es el artículo 20 del reglamento del Renac, que prohíbe inscribir en un mismo registro o especialidad a empresas que comparten socios, directores, gerentes o representantes. Según las solicitantes, esa regla obliga a los grupos a operar con estructuras societarias rígidas e impide, por ejemplo, que Constructora IS participe en licitaciones que no resultan atractivas para Icafal ni para Sicomaq.

La FNE respaldó eliminar esa prohibición, al considerar que podría constituir una barrera de entrada para nuevos oferentes. Además, en su informe al tribunal advirtió que la regla actual es poco efectiva, ya que solo revisa relaciones directas de propiedad. Al analizar el registro, la Fiscalía identificó 14 empresas que mantienen de forma indirecta uno o más dueños en común con otra inscrita en el mismo registro, entre ellas Icafal.

Con todo, la Fiscalía condicionó su apoyo a que la modificación vaya acompañada de mecanismos que impidan la participación simultánea de empresas relacionadas en una misma licitación.

Según el organismo, de lo contrario podría generarse una apariencia de competencia entre oferentes de un mismo grupo, riesgos de coordinación a través de socios comunes y traspaso de información estratégica.

Para ello, propuso aplicar un criterio similar al de la Ley de Compras Públicas, que en esos casos declara inadmisibles las ofertas simultáneas de empresas relacionadas y considera solo la más conveniente. También sugirió exigir declaraciones juradas, obligar a informar cambios en la propiedad y la administración de las sociedades y establecer que la experiencia no pueda transferirse entre empresas relacionadas para mejorar su categoría en el registro.

La FNE recordó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya eliminó una restricción similar en 2024, tras una recomendación del TDLC de 2020. Según el informe, el cambio sumó solo seis nuevos contratistas al registro del MOP, y si bien no es posible afirmar que haya aumentado la competencia, tampoco se identificaron efectos perjudiciales.

Las propuestas de la FNE para regular la subcontratación

En materia de subcontratación, la Fiscalía recomendó incorporar una definición adecuada a las obras del Minvu, similar a la del MOP, junto con lineamientos para que los inspectores técnicos de obra la apliquen de manera uniforme. Hoy, los contratos del ministerio utilizan la definición del Código del Trabajo.

Además, propuso prohibir la subcontratación entre empresas del mismo registro y categoría, fijar un límite máximo de subcontratación de carácter nacional y vinculante, e impedir que los subcontratistas a su vez subcontraten sus labores.

El organismo también sugirió que los subcontratistas se identifiquen después de la adjudicación y no al presentar las ofertas, para reducir los espacios de coordinación entre potenciales competidores. En cambio, no respaldó eliminar la exigencia de inscripción en el Renac para los subcontratistas, como pedían las constructoras.

FNE propone mecanismos para resolver conflictos durante las obras

La Fiscalía también advirtió que la normativa vigente no contempla mecanismos especializados para resolver conflictos durante la ejecución de los contratos, lo que genera incertidumbre y puede afectar los incentivos a participar en las licitaciones. Según las solicitantes, los principales focos de conflicto son los traslados de redes eléctricas y las expropiaciones de propiedades habitadas, que retrasan las obras y sus pagos.

Para enfrentar este problema, la FNE recomendó implementar un mecanismo que las propias partes estimen adecuado, siempre que sea de carácter temprano y considere la naturaleza de los conflictos más recurrentes. El informe recordó que un plan piloto de paneles de expertos impulsado por el MOP desde 2019 se implementó en solo cuatro contratos, y que el principal obstáculo para su funcionamiento fue que las decisiones de los expertos no eran vinculantes para las partes.

En términos más amplios, la Fiscalía planteó evaluar si se justifica mantener la exclusión de los contratos de obras del Minvu y los Serviu de la Ley de Compras Públicas, ya que sus reglas están en reglamentos que no se han actualizado con las mejores prácticas de contratación pública.