(EFE) – La Cámara de Diputados de Paraguay aceptó este jueves someter a un juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia, en medio de la crisis que estalló tras la intervención de Ueno Bank, entidad privada con la que el saliente mandatario ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios depósitos de instituciones públicas.
Los 78 asistentes al plenario aprobaron por unanimidad que se active el juicio previsto en el artículo 225 de la Constitución contra Peña, a quien los diputados acusan de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones” y remitieron el expediente al Senado para que decida sobre el proceso.
El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.
La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República; lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas“, declaró Peña en un video difundido en la red social X, mientras se realizaba la sesión en la Cámara.
La sesión, de casi dos horas, estuvo marcada por llamados a que Peña sea enviado a prisión por el “escándalo internacional” que, aseguran, desató la intervención del privado Ueno bank, que ha sido vinculada al ahora exgobernante y cuyo cierre congeló los fondos de miles de clientes en el país.
El legislador Carlos Pereira llamó a los ciudadanos, durante su encendida intervención, a continuar presionando para que “los culpables” de la caída del banco, en alusión a Peña, “paguen” con cárcel.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo, de la formación Patria Querida, acusó a Peña de haber creado “un esquema” para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno.
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