La Contraloría General de la República ofició a la Superintendencia de Pensiones y le dio un plazo de 10 días hábiles para entregar un informe sobre cómo ejerció su rol de fiscalización sobre las AFP, en medio de la polémica por la caída del Fondo E.
El requerimiento busca esclarecer qué acciones de supervisión realizó el regulador respecto de las decisiones de inversión de las administradoras y si estas se ajustaron a las obligaciones de fiscalización establecidas en la normativa vigente, según consignó Radio ADN.
La solicitud surge, entre otras, tras una presentación de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, que pidió investigar cómo el organismo ejerció sus funciones de vigilancia sobre las administradoras y sobre las decisiones de inversión que afectaron los ahorros de los afiliados del Fondo E.
La Contraloría indicó que el informe deberá ser preparado con la participación de la asesoría jurídica de la Superintendencia e incluir todos los antecedentes necesarios para resolver la presentación.
La solicitud de información, sin embargo, no implica por sí misma que se hayan establecido irregularidades ni responsabilidades administrativas.
Fondo E acumula caída de 10,39% entre enero y septiembre
De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, el Fondo E acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de este año, tras retroceder 4,92% solo en septiembre.
El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, informó este lunes ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que las pérdidas de valoración de las AFP en derivados de tasas de interés superaron los US$ 10.000 millones en los cinco multifondos al 30 de septiembre, aunque se redujeron a cerca de US$ 7.000 millones durante octubre por la baja de las tasas internacionales.
En esa sesión, además, detalló las alertas que el regulador hizo a las administradoras desde 2024 por su creciente exposición a estos instrumentos.
El oficio de la Contraloría se suma a otras instancias que buscan esclarecer lo ocurrido. Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial investigadora, que revisará la actuación de los ministerios del Trabajo y de Hacienda en la fiscalización del sistema previsional entre 2018 y 2026.
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