La cantidad de presos políticos liberados en Venezuela se encuentra en disputa entre las cifras oficiales del Gobierno y las reconocidas por diversas ONG que piden transparencia en el proceso.
(CNN en Español) — Pasaron dos semanas desde que el Gobierno de Venezuela anunció un proceso de excarcelaciones “significativas” en el país, aunque el conteo de las organizaciones locales que verifican el proceso indica que el número de presos políticos que salieron de prisión desde esa fecha no llega al 15 % del total, con cifras todavía lejanas de las reportadas por las autoridades chavistas.
Algunos de los liberados son figuras de alto perfil, como Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez o Perkins Rocha, asesor legal del partido Vente Venezuela.
El último número que dio a conocer el Gobierno fue divulgado el miércoles 14, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que iban 406 excarcelaciones, aunque ese conteo incluye a las personas que salieron de prisión durante el proceso de fines de diciembre, que según las autoridades fueron 194. Eso deja 212 excarcelaciones desde que el hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea, anunció la nueva fase en enero.
En este proceso, mientras el Gobierno sigue sin publicar una lista con las identidades o los centros de reclusión donde se realizan las excarcelaciones, diversas organizaciones intentan verificar el número de liberados, así como confirmar que efectivamente se traten de presos políticos, a través del contacto con familiares y revisando las actas judiciales. CNN envió reiteradas consultas al Gobierno de Venezuela, sin recibir respuesta.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en su reporte del miércoles, dijo que ha corroborado 167 excarcelaciones desde el 8 de enero, y documenta 949 personas que siguen detenidas por motivos políticos, una cifra que creció en las últimas semanas. Según explicó la organización, “tras el anuncio del inicio de un proceso de excarcelaciones, numerosas familias decidieron reportar situaciones que no habían sido notificadas con anterioridad”.
Una mujer demanda la liberación de detenidos políticos durante una manifestación frente a la cárcel de Tocuyito, cerca de Valencia, en Venezuela. Jacinto Oliveros/AFP via Getty Images
Por su parte, la ONG Foro Penal, en su último balance del lunes, registró 143 excarcelaciones, mientras el total de presos políticos llega a 777.
A su vez, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, reportó hasta la noche del miércoles 170 excarcelaciones e informó que el total de “presos políticos que continúan injustamente tras las rejas” es de 942.
El miércoles, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos reclamó la “liberación incondicional” de “aproximadamente 1.000 personas injustamente detenidas”, según expuso el embajador Leandro Rizzuto. El representante de Washington, que continúa ejerciendo presión sobre Caracas, expuso que “abordar las detenciones políticas será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela”. De todos modos, el presidente Donald Trump declaró días atrás que Caracas liberó a “muchos” detenidos.
Previamente, la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mees, destacó la diferencia de cifras reportadas por organizaciones civiles y las del Gobierno de Rodríguez.
En tanto, la líder opositora María Corina Machado se reunió con el presidente de la OEA, Albert Ramdin, y denunció que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”.
Hasta ahora, pocos excarcelados han hablado en público sobre sus casos. Mariana González, esposa de Rafael Tudares, dijo el miércoles en su anuncio que aspiran “más temprano que tarde a su libertad plena, a la que tiene derecho”, una señal sobre las condiciones en que los detenidos salen de prisión. Hasta ahora, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento sobre la situación legal de los excarcelados.
“Todas las boletas que hemos podido corroborar tienen condiciones bajo medidas cautelares”, dijo a CNN el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal. “Van desde la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante tribunales y en algunos casos la obligación de no declarar” a la prensa, agregó.
Además, destacó que en todos los casos las causas judiciales permanecen abiertas, por lo que no se puede hablar de libertad plena.
Vigilia en Caracas por la liberación de presos políticos, el 20 de enero. Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images
Al respecto, la familia de la activista venezolana-española Rocío San Miguel aseguró en comunicado días atrás que se trata de “una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, otorgada en el marco de su proceso judicial”, y agregaron que “mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente”.
La falta de información sobre el proceso mantiene en vilo a los familiares de detenidos, mientras continúan vigilias afuera de varias cárceles del país donde reclaman la excarcelación de sus parientes.
La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reclamó el miércoles en un comunicado que el Gobierno debe “cumplir su obligación constitucional de informar responsable y oportunamente sobre la liberación de las personas detenidas por razones políticas” y enfatizó que las autoridades están obligadas a publicar “de manera clara y desagregada” los “nombres de las personas excarceladas”, su centro de reclusión, las condiciones de salud, las causas penales y las condiciones procesales en las que se dio la liberación.
"¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que ella hubiera servido, Kast hubiera servido? Ahí tienes un mensaje de género absolutamente claro". Según Montecino, "estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional" que obliga al país a preguntarse empíricamente "quién cuida".
