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(EFE) – El recién investido presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, nombró hoy un nuevo primer ministro y completó la formación de un Gabinete continuista al del depuesto Gotabaya Rajapaksa, mientras las autoridades desalojaron a los manifestantes de la Secretaría Presidencial entre quejas.
El político y ex ministro Dinesh Gunawardena tomó posesión como nuevo primer ministro de la nación insular junto al resto de miembros del Gabinete de Wickremesinghe, quien ayer juró su nuevo cargo como jefe de Estado. El Ejecutivo, de carácter interino, se compone de 18 ministros, 17 de los cuales repiten cargo, a excepción de la cartera de Exteriores que fue entregada a Ali Sabry, antiguo ministro de Finanzas.
El actual presidente inicia así una legislatura que sigue la misma línea que su predecesor, a la espera de consolidar su poder para retomar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de obtener una línea de crédito financiero que asista al país.
Desalojo forzoso
El nombramiento de un nuevo primer ministro para esta nación de 22 millones de habitantes se produce la misma jornada que se ordenó el desalojo forzoso de los manifestantes que ocupan desde hace más de 100 días las inmediaciones de la Secretaría de la Presidencia.
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Centenares de efectivos policiales sacaron a la fuerza a decenas de manifestantes del edificio presidencial y trataron de desmantelar el principal campamento de las protestas, denominado “la Aldea Gama”, pese a que estos prometieron abandonar la zona en un plazo de 72 horas.
Condena internacional
Sri Lanka amaneció preocupada ante el estallido de violencia desatada contra los manifestantes, que provocó la preocupación de la comunidad internacional y de varias organizaciones. “Profundamente preocupado por las acciones llevadas a cabo contra los manifestantes de Galle Face en mitad de la noche. Pedimos a las autoridades moderación y acceso inmediato a los servicios médicos para aquellos heridos”, dijo la embajadora de Estados Unidos en Sri Lanka, Julie Chung, en Twitter.
La coordinadora de Naciones Unidas en Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy, también mostró su inquietud por “el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes”. Así, expresó en Twitter, “los periodistas y los defensores de los derechos humanos tienen derecho a monitorear manifestaciones y sus funciones no deben ser obstaculizadas”.
La Asociación de Abogados de Sri Lanka (BASL, en inglés) denunció en un comunicado la violencia ejercida contra los manifestantes y afirmó que dos abogados fueron asaltados por miembros de la Policía y el Ejército cuando intentaron actuar en su capacidad profesional.
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Sri Lanka sufre desde hace meses escasez de medicamentos, alimentos y combustible, provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales, y el impacto de los atentados de Pascua y la pandemia en el turismo.
El pasado abril, la nación entró en impago de su deuda exterior y el nuevo Gobierno debe retomar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de rescate urgente.
La crisis económica dio lugar a protestas por toda la isla desde finales de marzo, cuando miles de personas comenzaron a salir a las calles para pedir la dimisión de Rajapaksa, y que el pasado 9 de julio culminaron en la irrupción de las residencias oficiales de Rajapaksa y de Wickremesinghe, obligando al presidente a abandonar su cargo y el país.
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