El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk bajo la administración de Donald Trump, dio inicio a una ambiciosa reestructuración del aparato estatal, generando controversia por sus despidos masivos y su falta de transparencia.
(CNN Chile/CNN en Español) El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), creado por el presidente Donald Trump y dirigido por el multimillonario Elon Musk, ha emprendido una tarea sin precedentes enfocada en recortar el gasto público y remodelar las agencias gubernamentales, lo que ha hecho sonar las alarmas entre los empleados federales y ha enfrentado múltiples desafíos legales.
Durante las primeras tres semanas desde que Trump asumió el cargo, DOGE ha despedido o suspendido empleados públicos, exigido acceso a sistemas de pago sensibles, desmantelado una agencia clave para la ayuda humanitaria a nivel internacional y accedido a datos e información privada sobre millones de estadounidenses, todo ello sin rendir cuentas.
Esta semana, líderes de agencias recibieron instrucciones para iniciar preparativos de una serie de despidos masivos tras un decreto firmado por Trump. DOGE jugará un papel clave en la implementación de esta orden, aumentando su influencia en la reestructuración del gobierno federal.
Aún no existe un plan público detallado sobre las metas finales de DOGE, aunque el departamento ha promovido despidos y reestructuraciones masivas. Musk ha comparado la situación con la fundación de Estados Unidos y ha respaldado declaraciones en redes sociales que califican las reformas como una “Segunda Revolución Estadounidense”.
En una conferencia en la Casa Blanca, Musk afirmó que la burocracia federal está plagada de “defraudadores” y sugirió que muchos empleados gubernamentales se han enriquecido a costa del contribuyente, sin presentar pruebas al respecto. También ha justificado su actuar argumentando que la elección de Trump equivale a un mandato popular para reformar el gobierno.
A pesar de que Musk ha defendido la transparencia del DOGE, su estructura ha sido criticada por la falta de información disponible sobre su funcionamiento. Además, el magnate no está obligado a presentar una declaración financiera pública, a pesar de sus múltiples contratos con el gobierno.
En medio de las preocupaciones, un grupo de vigilancia ha interpuesto una demanda para obtener registros de DOGE, señalando que la organización ha sido diseñada para mantener en secreto sus comunicaciones.
DOGE está conformado por un equipo de jóvenes ingenieros de software con experiencia en tecnología, pero sin trayectoria en la administración pública. Su presencia en agencias gubernamentales, con acceso a datos y sistemas sensibles, ha generado alarma entre funcionarios y legisladores. En una carta enviada a la Casa Blanca, senadores demócratas cuestionaron la falta de información sobre los empleados de DOGE y los criterios bajo los cuales operan.
El futuro de DOGE y su impacto en el gobierno federal sigue siendo incierto, pero su actuar ha encendido un debate sobre los límites de la reforma gubernamental y la concentración de poder en manos de un grupo no electo.
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