La medida se establece para disminuir el número de inmigrantes en Reino Unido. En tanto los críticos acusan racismo.
Dentro de las exigencias que impone la Ley, se encuentra la exigencia a empleadores, médicos y sacerdotes para que denuncien a los inmigrantes ilegales.
Según la activista de ONG Liberty, Emma Norton, la propuesta impulsada por la Ministra del Interior, Theresa May, buscaría convertir a todo el país en oficiales de inmigración. El hecho que explica la postura radicaría en la crisis económica. Francia, Italia y EE.UU. Consideran que la situación se resolvería limitando el número de personas que llegan a buscar trabajo.
Otro de los enunciados de la ley es la reducción del número de inmigrantes legales por año. El primer Ministro británico aclaró la postura nacional: “Si ustedes van a las empresas verán que la mitad de los trabajadores son de Polonia, Lituania o Letonia. Los entiendo, ellos ven la oportunidad y trabajan duro, pero como país nosotros tenemos que decir no”.
Las visiones opuestas, expresaron que la ley es de carácter populista, racista y cumple con fines electorales al convocar a quienes rechazan la inmigración.
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