(EFE) – El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, no se presentó este domingo a un interrogatorio con la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, donde debía responder por su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El Ministerio Público confirmó que enviará una segunda citación el lunes para que el mandatario comparezca.
La investigación contra Yoon y otros altos funcionarios, como el exministro de Defensa Kim Yong-hyun —actualmente en prisión preventiva—, abarca cargos graves, incluidos amotinamiento, abuso de poder e insurrección. Este último delito podría derivar en cadena perpetua o incluso pena de muerte, pese a la moratoria vigente en Corea del Sur desde 1997. La inmunidad presidencial no aplica en casos de insurrección.
Crisis política y destitución
El Parlamento destituyó a Yoon el sábado con apoyo de legisladores de su propio partido, el conservador Partido del Poder Popular (PPP). El primer ministro Han Duck-soo asumió temporalmente las funciones presidenciales, mientras el Tribunal Constitucional decide si ratifica o anula el cese de Yoon. La corte tiene un plazo de seis meses para emitir su fallo.
La decisión del presidente de imponer la ley marcial generó fuertes tensiones políticas y sociales. La medida excepcional fue interpretada como un exceso de poder por parte de Yoon y su gobierno, lo que motivó la intervención del poder legislativo y judicial. Además, se le ha prohibido salir del país mientras avanza la investigación.
La situación mantiene al país en un período de incertidumbre política, en el que se cuestiona el liderazgo del actual gobierno y se vigila de cerca el proceso judicial contra el presidente destituido.
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