(CNN en Español) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó parcialmente al proyecto de ley para regular el aborto en caso de violencia sexual. Este propone una reducción del plazo para la realización de un aborto en caso de violación y nuevos parámetros para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo.
“He decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absolutamente concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. Hay disposiciones claras que no han sido acatadas por la Asamblea”, precisó el mandatario en su cuenta de Twitter.
Mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales. Por eso he decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional. pic.twitter.com/g7AqAl82C5
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 16, 2022
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Entre las 61 observaciones que tiene el veto presidencial, Lasso pidió que el plazo de gestación máximo para que se practique un aborto en caso de violación sea de hasta 12 semanas para todas las mujeres. La Asamblea determinaba que las mujeres mayores de edad puedan hacerlo hasta las 12 semanas de gestación y las menores de 18 años hasta las 18 semanas de gestación.
Este nuevo plazo generó críticas entre los grupos de mujeres que sostienen que podría ser complicado en muchos casos detectar pronto un embarazo, sobre todo cuando son niñas o adolescentes.
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Lasso incluye un artículo relacionado a la “objeción de conciencia” para que los profesionales de la salud del sector público y privado se puedan excusar de practicar un aborto en caso de violación por asuntos de carácter personal o religioso.
“Mal podría establecerse en la ley una obligación estatal que pudiere acarrear el despido de uno u otro profesional por el ejercicio de su derecho, aquello sería discriminatorio”, enfatizó.
Otro aspecto que agrega el presidente es plantear como requisito la presentación de al menos uno de estos requisitos: una denuncia por el delito de violación, una declaración juramentada o el resultado de un examen de salud donde un médico tratante o legista certifique “bajo juramento” que hay indicios de violación.
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