La jueza Paula Xinis dictaminó que el gobierno debe garantizar su regreso antes del 7 de abril, tras reconocer que su deportación fue "sin justificación legal".
(CNN) – Un juez federal dictaminó el viernes que Estados Unidos debe devolver a un hombre que fue deportado por error a El Salvador el mes pasado.
La jueza Paula Xinis del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Maryland ordenó al gobierno federal devolver a Kilmar Armando Abrego García, ciudadano salvadoreño, a Estados Unidos a más tardar a las 11:59 p.m. del 7 de abril.
El gobierno de Trump admitió en un expediente judicial el lunes que deportó por error a este padre de tres hijos de Maryland “debido a un error administrativo”, pero afirmó que no podía traerlo de regreso porque se encuentra bajo custodia salvadoreña. Esta parece ser la primera vez que el gobierno admite un error relacionado con sus recientes vuelos de deportación a El Salvador, que ahora están en el centro de una tensa batalla legal .
“Este caso es sin duda importante para Abrego García y su familia”, dijo el juez. “En reconocimiento a eso, siento que estoy deseando dictar mi orden”.
Durante la audiencia, Xinis planteó repetidamente problemas con la deportación de Ábrego García a El Salvador, dado que un juez de inmigración le había concedido previamente una suspensión de deportación, lo que significaba que podría ser perseguido si era deportado de Estados Unidos a El Salvador. Seguía considerándose deportable; simplemente no podía serlo a El Salvador.
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Xinis citó esta condición en su fallo, afirmando que Ábrego García fue detenido el mes pasado “sin fundamento legal” y deportado “sin justificación legal”.
“Esto fue un acto ilegal”, dijo Xinis. “El Congreso dijo que no podían hacerlo, y lo hicieron de todos modos”.
El abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, aceptó los argumentos de los abogados de Abrego García de que no debería haber sido deportado a El Salvador, diciendo: “Nuestros únicos argumentos son jurisdiccionales… no debería haber sido enviado a El Salvador”.
Xinis, designado por Obama, cuestionó por qué Estados Unidos no podía traer de regreso a Abrego García, dado el contrato de 6 millones de dólares que Estados Unidos tiene con la prisión salvadoreña, el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
“¿Por qué Estados Unidos no puede recuperar al señor Abrego García?”, preguntó Xinis.
“Lo primero que hice al recibir este caso fue hacerles la misma pregunta a mis clientes”, respondió Reuveni. “La respuesta que he recibido no es satisfactoria”.
“Todo esto apunta a un control funcional, y si Estados Unidos, como parte contratante, puede tener el control funcional de la colocación, la colocación ilícita, sin duda tiene el control funcional del retorno”, dijo Xinis. Reuveni calificó de “frustrante” su propia falta de información sobre por qué Estados Unidos no pudo traerlo de regreso, pero añadió: “Estados Unidos no puede llamar a alguien en El Salvador, pedirle que conteste el teléfono y diga: ‘Devuélvannos a nuestro hombre’”.
El abogado del Departamento de Justicia pareció insinuar que había solicitado al gobierno el regreso de Abrego García, pero este no hizo caso. Luego solicitó al juez 24 horas, pero no quedó claro el motivo exacto de esta solicitud.
Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, solicitó al tribunal que ordenara el regreso de su cliente a Estados Unidos, afirmando que no solicita una “microgestión” por parte del tribunal, sino que se le ponga “control” al gobierno para garantizar que esto se haga de manera oportuna. “Al menos hoy, no parece que se lo estén tomando en serio”, declaró Sandoval-Moshenberg tras los argumentos de Reuveni ante el tribunal.
Durante la audiencia, Xinis también se mostró escéptica sobre los supuestos vínculos de Abrego García con la pandilla MS-13, que los funcionarios de Trump han mantenido, diciendo que no había visto evidencia suficiente al respecto.
“Cuando alguien es acusado de pertenecer a una organización tan violenta y depredadora, se presenta mediante una acusación formal, una denuncia y un proceso penal riguroso”, dijo. El Departamento de Justicia no proporcionó pruebas adicionales a las ya presentadas en el caso. “El gobierno optó por no presentar pruebas”, declaró al juez el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni.
La exsecretaria de Estado además fue enfática al recalcar que la decisión de retirar su candidatura de la senadora no respondió a presiones externas ni a los sondeos de opinión pública.
