(EFE) — La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) expresó su preocupación por la detención de varias mujeres en la provincia de Herat, en el oeste del país, en procedimientos atribuidos al Departamento para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas sociales establecidas por las autoridades talibanes.
A través de una declaración, la misión señaló que estos casos generan “serias preocupaciones de derechos humanos” y recordó a las autoridades afganas la importancia de respetar garantías fundamentales.
“Recordamos a las autoridades de facto que todas las personas tienen derecho a la libertad de movimiento y que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tienen derecho a la igualdad ante la ley”, indicó el organismo.
Desde el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021, las mujeres y niñas afganas han enfrentado una serie de restricciones que afectan distintos ámbitos de la vida pública. Entre ellas figuran limitaciones al acceso a la educación secundaria y universitaria, restricciones laborales y regulaciones cada vez más estrictas relacionadas con la vestimenta, la movilidad y la participación en espacios públicos.
Según organismos internacionales, estas medidas han convertido a Afganistán en el único país donde las niñas no pueden continuar sus estudios más allá de la educación primaria en gran parte del territorio, situación que ha dejado a más de un millón de adolescentes fuera de las aulas.
Las autoridades talibanes han reforzado además las exigencias relativas al uso del velo, la cobertura facial y los desplazamientos de las mujeres, que en ciertos trayectos deben realizarse acompañadas por un tutor masculino.
En este contexto, las detenciones reportadas en Herat han generado nuevas alertas entre organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos.
Diversas agencias de la ONU y organizaciones especializadas han sostenido que la acumulación de restricciones impuestas a mujeres y niñas constituye una forma de discriminación sistemática que limita su acceso a la educación, el empleo, la justicia y la vida social. Por su parte, el Gobierno talibán defiende estas disposiciones argumentando que responden a su interpretación de la ley islámica o sharía, aunque la falta de reconocimiento internacional de su administración sigue vinculada, entre otros factores, a las restricciones sobre los derechos de las mujeres.
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