La propuesta de la llamada Ley Ómnibus, enviada al Congreso argentino por el Gobierno de Javier Milei, contempla cambios sustanciales en el sistema educativo e incluye la revocación de la gratuidad de los estudios universitarios para extranjeros no residentes.
¿En qué consiste?
Entre los aspectos más destacados se encuentra la implementación de un examen al finalizar la educación secundaria para evaluar el nivel de los estudiantes, un examen que podría añadirse al currículum vitae de los alumnos. No obstante, aún no se ha definido si este examen condicionará el acceso a la universidad.
Además de esta medida, se proponen mecanismos de evaluación y revalidación de conocimientos para estudiantes y docentes. Asimismo, se plantea que los padres tengan acceso a los resultados de evaluaciones colectivas, como las pruebas Aprender, para evaluar el rendimiento de sus hijos y la institución educativa.
En relación al acceso a la universidad pública, se plantea la opción entre rendir un examen o completar un curso de nivelación. Aunque se mantiene la gratuidad de los estudios de grado para argentinos y residentes permanentes, se considera establecer una cuota para estudiantes extranjeros, con la posibilidad de acceder a becas provenientes de acuerdos internacionales o instituciones privadas extranjeras.
Estos cambios, impulsados por el gobierno de Javier Milei y en gran parte propuestos por el equipo de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, buscan introducir transformaciones en el sistema educativo. Esto incluye aspectos como el acceso a las notas finales al terminar la secundaria, la participación de profesionales no docentes en la educación, la prohibición del ingreso a la educación superior sin completar la secundaria y la revocación de la gratuidad de los estudios universitarios para extranjeros no residentes.
A partir de la página 162 del texto enviado al Congreso, se detallan modificaciones en distintas leyes relacionadas con la educación. Se abordan aspectos de financiamiento sin introducir cambios drásticos, se respeta la autonomía de las provincias en la regulación educativa y se permite la contribución de empresas y donantes a las cooperadoras escolares, utilizando esta información para acciones publicitarias, una opción no permitida en la ley vigente.
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