(EFE) – La Justicia argentina ordenó este jueves 25 allanamientos simultáneos en empresas farmacéuticas y domicilios particulares como parte de la causa que investiga un supuesto esquema de corrupción en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La medida fue solicitada por el fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, tras detectar “graves irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad”, informaron a EFE fuentes judiciales.
El Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de la Policía de la ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo el operativo, que consiste en 25 allanamientos simultáneos en la capital argentina y la provincia de Buenos Aires.
La Justicia ordenó la confiscación de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, así como la incautación de dinero y cualquier otra documentación vinculada a los contratos de diferentes farmacéuticas con la Andis.
El fiscal busca determinar si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
La investigación judicial comenzó después de que el pasado 20 de agosto medios de comunicación argentinos difundieran audios adjudicados al entonces director de la Andis, Diego Spagnuolo, en los que se describía un esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos.
Ese esquema tendría como principal responsable al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, primo del titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
En las grabaciones también se alude a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, como destinataria de parte de los sobornos, que involucran a la comercializadora de medicamentos Suizo Argentina.
La Justicia ya ordenó en agosto pasado allanamientos en la sede de la Andis, en la empresa Suizo Argentina y en domicilios privados de funcionarios y empresarios, donde se confiscaron celulares y sobres con dinero, entre otros elementos.
El Gobierno de Milei ha rechazado las sospechas de corrupción y atribuyó la difusión de los audios a maniobras políticas para perjudicar al oficialismo de cara a las elecciones legislativas.
Tras la difusión de los audios, el Ejecutivo separó a Spagnuolo de su cargo, intervino la Andis y ordenó una auditoría interna en el organismo.
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