(EFE) – El Gobierno peruano ha bloqueado 510.702 líneas de telefonía móvil vinculadas a usuarios con historial negativo por usar códigos IMEI inválidos o clonados, según se informó este jueves como parte de una campaña para eliminar 1,5 millones de equipos ilegales utilizados presuntamente por la delincuencia.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dio la orden para la desactivación de 130.000 de esas líneas, en un acto oficial en el cual estuvo acompañada por el primer ministro, Eduardo Arana, y los titulares de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y del Interior, Carlos Malaver.
Los equipos desactivados no estaban registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (#Renteseg), un sistema promovido por el Ministerio del Interior y financiado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Boluarte dijo que este jueves se ha dado “un nuevo paso” en la lucha contra la criminalidad porque el compromiso con la seguridad de todos los peruanos “se mantiene firme” y sin distracciones.
Los equipos bloqueados forman parte del más de millón y medio de equipos celulares cuyo bloqueo gradual fue anunciado previamente por el Ejecutivo con el objetivo de frenar el comercio de teléfonos robados o de procedencia ilícita.
En la sede del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en Lima, la mandataria saludó el esfuerzo conjunto de Osiptel, Migraciones, Cancillería y otros niveles de Gobierno en la tarea de dar de baja otras 300.000 líneas móviles, cuyos titulares no existían en las bases del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), ni en las de la autoridad migratoria o que presentaban datos inconsistentes.
“Para ganarle a la delincuencia se necesita el compromiso de todos”, subrayó Boluarte y reiteró la invocación a la población de no adquirir teléfonos robados o de dudosa procedencia.
La jefa de Estado insistió en que ella honra su palabra y sus promesas, y que trabajará “sin cesar hasta el 28 de julio de 2026 (fin de su gobierno) para dejar las bases de un país más seguro”.
La capital peruana, Lima, y la vecina provincia del Callao se encuentran en estado de emergencia para que la Policía Nacional cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el combate contra el crimen organizado, principalmente en sus modalidades de extorsión y sicariato.
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