Tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia, se detonaron protestas en diversas localidades, las que que -junto a la presión que ejercieron las Fuerzas Armadas- terminaron en la renuncia del ex presidente Evo Morales.
Una vez que Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia, aplicó un decreto supremo que eximía a las Fuerzas Armadas de sus responsabilidades penales en los operativos que buscaban “pacificar” el país en medio de las crisis de principios de noviembre.
Según entidades como la Defensoría del Pueblo,hasta el 24 de noviembre el número de fallecidos en las manifestaciones era de 35 personas, mientras que hubo 832 heridos en sucesos violentos.
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Por ello, este jueves el gobierno de Bolivia promulgó un decreto en el que anunció que compensará a las familias de los fallecidos por la violencia, con un monto equivalente a 5 millones 700 mil pesos chilenos.
“Nuestro gobierno ha promulgado el decreto supremo que autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos en los hechos de violencia”, manifestó Áñez, en un acto en el Palacio Quemado en La Paz.
La mandataria dijo que se ha tenido la voluntad de “atender cada uno de los casos” de violencia identificados, ya que son una demanda de los ciudadanos luego de días de “luto y dolor”.
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Además, el ministro interino, Álvaro Coimbra, dijo que la medida contempla entregar apoyo a los heridos, como asistencia médica, alimentaria, social y psicológica.
El decreto supremo era un proyecto de ley que había sido planteado por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, solo que con algunas modificaciones como alentar la reparación económica a familias afectadas.
Al mismo tiempo, busca evitar la persecución política de autoridades anteriores, aspecto que fue cuestionado por el actual gobierno el cual adelantó que no promulgará esa ley ya que alienta la impunidad de por ejemplo Morales, quien tiene acusaciones de terrorismo y sedición.
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