Fallo inminente: Ollanta Humala enfrenta posible condena de 20 años por lavado de activos
Por CNN Chile
15.04.2025 / 10:49
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El veredicto pondrá fin a más de tres años de juicio oral en uno de los procesos más emblemáticos del caso Lava Jato en Perú. La sentencia también podría sentar un precedente sobre el financiamiento irregular de campañas políticas en la región.
Este martes 15 de abril, el Poder Judicial de Perú emitirá el esperado fallo de primera instancia en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, por presunto lavado de activos relacionado con millonarios aportes no declarados a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011.
La sentencia marcará el cierre —al menos en esta etapa— de un proceso judicial que se ha extendido por más de tres años, con decenas de testigos, peritajes e informes financieros presentados durante el juicio oral.
La Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para Humala, acusándolo de haber recibido dinero tanto del Gobierno del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez como de la constructora brasileña Odebrecht.
Según la tesis fiscal, el régimen chavista transfirió fondos a través de valijas diplomáticas para financiar la campaña presidencial de Humala en 2006.
La operación habría contado con la participación de la exfuncionaria venezolana Virly Torres y del empresario Martín Belaunde Lossio, ahora colaborador en la causa.
En la campaña de 2011, que llevó a Humala a la presidencia, la Fiscalía sostiene que Odebrecht entregó dinero del llamado “Departamento de Operaciones Estructuradas” —la unidad clandestina usada para pagos ilegales— por orden del entonces mandatario brasileño Lula da Silva. Nuevamente, Belaunde Lossio habría intervenido, y se afirma incluso que Humala y Heredia viajaron a Brasil para agradecer personalmente a Marcelo Odebrecht, entonces CEO de la constructora.
El caso forma parte del megacaso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en América Latina, que salpicó a varios expresidentes peruanos. En 2016, la empresa brasileña admitió haber pagado millones en sobornos y financiamiento ilícito de campañas políticas en Perú desde los años 2000.