Durante la audiencia por el despido de una comisionada de la FTC, la mayoría conservadora del tribunal cuestionó las protecciones históricas que limitan la influencia presidencial sobre organismos autónomos, anticipando un posible cambio estructural en el Gobierno federal.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales este lunes de que podría ampliar de forma significativa las facultades del presidente Donald Trump sobre el aparato administrativo del país. Durante la audiencia por el despido de Rebecca Kelly Slaughter, excomisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC), la mayoría conservadora del tribunal mostró disposición a validar la decisión del mandatario.
El caso se centra en si el presidente puede remover a integrantes de agencias independientes que, desde hace cerca de un siglo, han operado con protección frente a presiones políticas. Una resolución a favor de Trump modificaría la forma en que funcionan organismos que supervisan áreas clave de la economía y la regulación estadounidense.
Durante los argumentos orales, varios jueces conservadores cuestionaron el modelo actual. El magistrado Brett Kavanaugh afirmó que estas agencias “no rinden cuentas al pueblo”, subrayando que sus miembros “no son elegidos” y aun así ejercen poder sobre “la libertad individual e industrias multimillonarias”.
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El presidente del tribunal, John Roberts, puso en duda la vigencia del precedente de Humphrey vs. Estados Unidos (1935), que ha servido de base para limitar la capacidad presidencial de despedir a líderes de estos organismos. Según Roberts, la sentencia histórica “no tiene relación” con el rol que actualmente ejerce la FTC, que definió como una agencia con un poder ejecutivo mucho más amplio que el evaluado hace casi un siglo.
El abogado de Slaughter, Amit Agarwal, argumentó que revertir esa doctrina permitiría una interferencia política directa en tareas técnicas y de supervisión que requieren autonomía, pero enfrentó cuestionamientos persistentes del sector conservador.
El fallo se conocerá antes de junio del próximo año y podría marcar uno de los cambios más relevantes en la estructura del Estado estadounidense en décadas, con efectos sobre el equilibrio entre el poder presidencial, el Congreso y las agencias que regulan mercados, competencia y derechos de los consumidores.
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