(EFE) – El presidente del Congreso de Guatemala, Allan Rodríguez, aseguró este lunes que dará marcha atrás al presupuesto del Estado 2021, cuya aprobación el pasado miércoles dio origen el sábado a una multitudinaria manifestación y la quema de una parte del Parlamento a manos de encapuchados.
Rodríguez informó de la decisión en un mensaje pregrabado en compañía de otros 16 diputados de varios bloques aliados al oficialismo, divulgado en la madrugada de este lunes por los canales de comunicación del Congreso.
Según medios locales, el mensaje fue grabado en un sede del Ministerio de Defensa, aunque las autoridades no han confirmado dicha versión pese a la insistencia de periodistas. Tampoco se ha explicado el motivo de la hora del mensaje, pasados varios minutos después de la medianoche.
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“Hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2021″, aseveró Rodríguez, quien añadió que “en consecuencia dicho decreto no será remitido al Organismo Ejecutivo”.
Sin embargo, el presidente del Congreso no se refirió a los cambios que se realizarán al mismo para su envío al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, antes de diciembre, como contempla la ley.
Además, la diputada de oposición, Lucrecia Hernández Mack, advirtió en un mensaje en sus redes sociales de que legalmente “ni la Junta Directiva (del Congreso) ni sus bloques tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el pleno” e instó a la población a no dejarse engañar por las autoridades parlamentarias.
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La aprobación del presupuesto el pasado miércoles, a las 05:30 de la madrugada, provocó un malestar en la población que se tradujo en las manifestaciones del sábado, convocadas durante la semana para expresar el rechazo al Congreso.
Dicho presupuesto, aprobado por 115 de los 160 legisladores bajo estrictas medidas de seguridad con cierre de varias calles a la redonda, ha sido descrito como “opaco” por legisladores de oposición que indicaron que nunca tuvieron acceso al documento.
Además, según expertos, el presupuesto presenta amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.
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