El ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra una presunta embarcación de drogas que, según informes, partió de Venezuela y estaría vinculada a la banda criminal Tren de Aragua.
(CNN/CNN Chile) — El martes 2 de septiembre, Estados Unidos ejecutó un ataque militar letal contra una presunta embarcación de drogas vinculada a la banda criminal Tren de Aragua.
El mandatario estadounidense reportó que 11 personas murieron en el ataque en “aguas internacionales”. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió el hecho como un “ataque letal” realizado en el “sur del Caribe” contra “una embarcación de drogas que había partido de Venezuela”.
“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque militar contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur. El Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera designada por el Departamento de Estado, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de homicidios masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, escribió Trump en Truth Social.
Édgar Fuentes-Contreras, experto en derecho internacional y académico de la Universidad de los Andes (UANDES), señaló que en la operación de Estados Unidos “no hay elementos suficientes para declarar la legalidad o ilegalidad de esta”.
“Aunque se pueden evaluar las consecuencias, la pregunta es también qué hay detrás, o cuáles fueron todos los ámbitos, procesos y circunstancias que llevaron a la utilización de esa fuerza, especialmente considerando que fue una fuerza letal”, agregó.
El experto destacó que, en cualquier uso de la fuerza, siempre se debe considerar la adecuación, proporcionalidad y el cumplimiento del debido proceso. Además, indicó que el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente regulado por normativas nacionales e internacionales.
De hecho, recordó que la ofensiva ocurrió en altamar, un territorio carente de jurisdicción de estados, en donde se busca “que exista una jurisdicción de carácter cooperativo entre los estados, especialmente para evitar la comisión de delitos”.
“En esto se refleja que, por ejemplo, Estados Unidos, más allá de las convenciones internacionales como la Convemar, también cuenta con una ley de control marítimo de drogas que permite legítima y legalmente tomar acciones. Esta ley, promulgada a finales del siglo XX, se complementa con normas internacionales como la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes”, explicó.
Por tanto, el académico enfatizó que “hay varios aspectos importantes que aún no se han detallado completamente y que deben considerarse”.
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