La acción legal, interpuesta este martes, alega que la reducción de $12.000 millones en fondos destinados a la respuesta a la pandemia de COVID-19 es ilegal y perjudicial para los servicios de salud pública.
Fiscales generales demócratas de 23 estados y de la ciudad de Washington presentaron una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) y contra su secretario, Robert F. Kennedy Jr., por la repentina reducción de US$ 12.000 millones en fondos de salud pública por parte del departamento que alegan que fue ilegal y perjudicial.
En la demanda, presentada este martes, los fiscales generales solicitan una orden de restricción temporal y una medida cautelar para detener de inmediato los recortes de los fondos por parte de la administración que —según afirman— provocarán la interrupción de servicios clave de salud pública y la pérdida de empleos de miles de trabajadores de la salud.
La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recortaron aproximadamente US$ 11.400 millones en fondos asignados a los departamentos de salud estatales y comunitarios durante la respuesta a la pandemia de COVID-19.
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Los CDC esperan comenzar a recuperar este dinero en aproximadamente 30 días, según el HHS. Se cancelaron US $1.000 millones adicionales de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, según los fiscales generales.
“La pandemia de COVID-19 ha terminado, y el HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes para responder a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años. El HHS priorizará el financiamiento de proyectos que cumplan con el mandato del presidente Trump de abordar nuestra epidemia de enfermedades crónicas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, declaró la agencia la semana pasada.
La coalición de fiscales generales argumenta que, si bien es cierto que esos fondos eliminados fueron asignados durante la pandemia de COVID-19, nunca se destinaron únicamente a la respuesta al covid-19. Más bien, gran parte de los fondos se asignaron para apoyar el sistema de salud pública a largo plazo, así como para la preparación ante pandemias y ciertos servicios de salud conductual, incluyendo el tratamiento de adicciones y la prevención del suicidio.
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“Recortar estos fondos ahora revertirá nuestro progreso en la crisis de opioides, sumirá en el caos nuestros sistemas de salud mental y dejará a los hospitales con dificultades para atender a los pacientes”, declaró en un comunicado de prensa la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuyo estado podría perder más de US$ 400 millones en fondos de salud pública.
Los fondos estaban siendo utilizados para dar respuestas sanitarias más sólidas en el futuro, incluyendo los brotes de sarampión y gripe aviar H5N1 que hay actualmente, declaró el Dr. Joseph Kanter, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, cuando se anunciaron los recortes la semana pasada.
“Estos fondos fueron asignados por el Congreso y fueron asignados a los departamentos de salud con planes de trabajo, presupuestos y plazos aprobados por las agencias federales”, declaró Kanter en un comunicado. Su organización no está involucrada en la nueva demanda.
Los departamentos de salud locales y estatales dijeron que fueron tomados por sorpresa por el abrupto fin de las subvenciones federales que comenzaron durante la pandemia de COVID-19, una medida que introdujo “incertidumbre y caos”, según dijo un estado.
“Con el apoyo del Congreso y del poder ejecutivo, estos fondos se estaban utilizando para modernizar los sistemas de datos, reforzar la capacidad de los laboratorios, mejorar la notificación electrónica de casos de brotes de enfermedades infecciosas urgentes, mejorar las pruebas de detección del H5N1 y el sarampión, y reforzar la preparación biomédica contra el terrorismo, por nombrar solo algunos ejemplos”, declaró. “Nos preocupa que la abrupta interrupción de estas actividades perjudique la capacidad de los estados y territorios para responder a las amenazas actuales y futuras”.
La nueva demanda alega que el gobierno está socavando el poder constitucional del Congreso, ya que los fondos estaban vinculados a asignaciones específicas del órgano legislativo. Argumenta que la administración carece de la autoridad legal para rescindir los fondos ya asignados.
Esta es la última de una ola de litigios contra la administración el Gobierno Trump. Se han presentado más de 100 demandas contra las medidas ejecutivas de la administración en los primeros meses de su segunda presidencia.
Si bien la última demanda solicita una orden de restricción temporal como primer paso, la coalición de fiscales generales podría trabajar para lograr una orden judicial permanente sobre estos recortes a la salud pública, afirmó Daniel Karon, abogado con sede en Cleveland que no participa en la demanda, pero que ha estado siguiendo los casos contra la administración.
“La preocupación es, por supuesto, si el gobierno federal pierde, ¿la administración honrará, respetará e implementará el fallo del tribunal?”, preguntó Karon, profesor de derecho del consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio.
“Cuando se habla de una crisis constitucional, se refieren a esto”, afirmó.
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