En materia de derechos humanos, el gobierno del Presidente Boric ha hecho esfuerzos evidentes, como el plan nacional de búsqueda de los detenidos desaparecidos y recientemente el anuncio de la creación de un sitio de memoria en la excolonia Dignidad.
Sin embargo, el sector oficialista ligado a la defensa de la memoria por las violaciones a los derechos humanos en dictadura ha estado a la espera del más simbólico de los gestos, el cierre de Punta Peuco, el penal creado para albergar a los responsables de estos crímenes.
Hubo polémica cuando se construyó y la sigue habiendo después de casi 30 años, el propio Presidente Boric hace unos años abogaba por el cierre de esta cárcel y el fin de los privilegios para los condenados. Pero el Gobierno comunicó esta semana a los diputados autores de un proyecto de acuerdo para su cierre que no lo apoyaría.
La crisis carcelaria es grave y no es momento de cerrar penales ni redestinar presos, fue la doctrina del ministro Luis Cordero a poco de llegar al gobierno que ahora se materializa para disgusto de un grupo de relevante de la base de apoyo del gobierno. Hay que decir que a pesar de los costos la del gobierno es una decisión valiente, muestra independencia de juicio y hace prevalecer un criterio poco popular, pero pragmático.
Cuando en 2013 el país presenció la entrevista que en CNN se le realizó a Manuel Contreras, el presidente Piñera tomó una decisión también valiente considerando los costos en su sector político, la derecha, y cerró el penal Cordillera.
¿Quién sabe si ese fue un punto de inflexión para una base importante de partidarios que decidió buscar una opción de derecha más dura? Quizás el Gobierno de Boric viva una situación similar, pero es importante destacar que para gobernar, a veces, es imperativo tomar decisiones difíciles y regidas por las circunstancias.
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