Ante una situación de violencia y delincuencia generalizada, ¿cree que las autoridades tienen derecho a arrestar personas sin necesidad de una orden judicial? ¿A permitir que las policías revisen pertenencias o domicilios sin la venia de un juez? ¿A intervenir medios de comunicación?
En una democracia sana y con un Estado de Derecho en forma las respuestas de esas preguntas deberían ser un rotundo no. Sin embargo, nuestra democracia y nuestro estado de derecho distan mucho de estar lozanos. Y, principalmente, por una cruel enfermedad que los corroe: la grave inseguridad.
Es por ello que no sorprende que las respuestas favorables a las preguntas antes planteadas, estén en torno al 30% e incluso cerca del 40%, en la reciente encuesta Criteria.
Tremendo, pero aún más triste será la tentación por buscar en medidas de ese tipo la solución al crimen organizado y la delincuencia. Lo venderán como una sintonía con el pueblo, y como un inevitable precio a pagar ante lo mucho que se ha perdido.
El problema es que de esa transacción ya no se sale. Es por ello que encontrar respuestas eficaces y concretas ahora, desde la democracia, no es sólo urgente sino una obligación civilizatoria.
Para que después cuando un caudillo autoritario llegue a la papeleta presidencial con un ofertón de paz y seguridad nadie diga que no lo vio venir.
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