Las excavaciones para encontrar un tesoro escondido en el archipiélago Juan Fernández han generado polémica.
Este lunes, parlamentarios del Frente Amplio acudieron a Contraloría para revisar la legalidad del protocolo que permite las faenas en la isla Robinson Crusoe por parte del historiador holandés Bernard Keiser.
Lo anterior, porque legisladores de la mencionada coalición apuntan que habría un impacto ambiental producto de las excavaciones, pese a que el ministerio de Bienes Nacionales ya acordó un protocolo con el Kaiser para que este siguiera con su búsqueda.
¿Cómo surge la investigación para dar con el tesoro?
El historiador lleva más de 20 años buscando el botín que estaría compuesto de mil barriles con joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Incluso, se dice que este conjunto podría llegar a pesar varias toneladas y su valor sería equivalente a 10 mil millones de dólares.
Según los antecedentes que se barajan, habría sido depositado en la isla por el navegante español Juan Ubilla, alrededor del año 1715.
Kaiser apunta al sector de Puerto Inglés como el terreno en que sería necesario excavar, esto luego de haber hecho otros procedimientos en años anteriores.
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El problema es que el nuevo protocolo para trabajar en esa zona permite usar maquinaria capaz de realizar perforaciones, las que alcanzarían un diámetro de 30 metros y una profundidad de siete metros.
Precisamente ahí está el centro de la polémica, porque la zona donde se realizarán los trabajos se realizaran en territorio del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, el que fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera.
¿Por qué entra la Conaf en esta polémica?
Esta semana se conoció la renuncia de Pablo Mira a su cargo de director regional de Conaf en Valparaíso, funcionario que se habría negado a firmar el protocolo que permite las excavaciones en la reserva.
Esa, al menos, es la versión del Consejo Nacional de Guardaparques. Sin embargó, en conversación con CNN Chile, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, negó que ese haya sido el motivo y apuntó que no hubo presiones para que el ex director renunciara a su cargo.
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Finalmente, algunos parlamentarios del FA acudieron a Contraloría para revisar la legalidad del protocolo, el que fue finalmente autorizado por la Conaf, por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y por la Superintendencia del Medio Ambiente.
En tanto, el diputado independiente René Saffirio advirtió que no descarta presentar una acusación constitucional contra el ministro de Bienes Nacionales.
Es por esto que la excavación seguiría tal como está prevista de no haber interrupciones legales. Si el tesoro fuera finalmente encontrado, el 25% de este le correspondería al empresario holandés y el resto quedaría en manos del Estado chileno.
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