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Esta jornada, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, evitó calificar como preso político u homicida, al condenado por el caso Luchsinger Mackay, Celestino Córdova.

En entrevista con El Mercurio, la secretaria de Estado, se refirió al beneficio de salida dominical y trimestral que le otorgó Gendarmería, en medio de la molestia de los familiares de las víctimas.

“No me compete pronunciarme respecto de la calificación específica que tengan los casos”, sostuvo.

“Creo que como Estado tenemos un conflicto con el pueblo mapuche que genera conflictividad y que genera protestas. La Corte Interamericana de DD.HH. ha emitido diversos fallos a lo largo de las últimas décadas, donde en algunos casos Chile ha condenado producto de la forma de manejar la conflictividad con el pueblo mapuche. Ahora, no me compete estar calificando el estatus de cierto preso”, añadió.

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En entrevista con CNN Prime, el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, sostuvo que el condenado por el caso Luchsinger Mackay “es un preso común” y no un preso político.

“Hay una definición bastante estrecha de lo que es un preso político, en las condiciones en que Celestino Córdova fue condenado y que fue encontrado, efectivamente es una persona que está condenada por la Justicia”, señaló, agregando que “yo diría que es un preso común por un caso gravísimo, que está condenado por la justicia y que de todas las evidencias que hay arriba de la mesa (…) Es una persona que es bastante indefendible su posición, por lo tanto, diría que es una persona que está condenada justamente por los tribunales chilenos y esa es mi opinión”.

Sobre la decisión de la ministra Ríos a no pronunciarse respecto al tema, Crispi sostuvo que “cuando uno es parlamentario opina de todo, pero cuando uno representa al Gobierno también se atiene a sus agendas y no es mi rol estar comentando todos los comentarios que hace un Gobierno”.

Ley de Seguridad del Estado

Consultado sobre su posición respecto a la derogación de la Ley de Seguridad del Estado, cuando era parlamentario, Crispi sostuvo que “tal cual está creo que es una ley que no ha tenido resultado cuando se demanda inmediatamente sobre en casos de alta connotación de violencia en La Araucanía, la Ley de Seguridad del Estado no ha tenido frutos”.

Asimismo, sostuvo que “Efectivamente, hay ciertas materias en que uno podría tener una mejor Ley de Seguridad del Estado. Si fuera parlamentario, creo que pondría ese punto sobre la mesa, quizás me podría persuadir de llegar a la misma decisión, pero efectivamente es distinto cuando eres parlamentario, creo que quienes estemos en el Gobierno vamos a tener puntos de vista más complejos, pero podemos llegar a las mismas respuestas”.

“En este contexto es distinto, yo creo que, en ese momento, quizás pensaría lo mismo, empujaría lo mismo, porque estamos en un contexto de alto nivel de persecución política, donde hay ciertas leyes que se pretendían utilizar para frenar un proceso de verdad de movilización social y protesta y el camino no era ese. El camino era la salida constituyente y, por tanto, quienes quisimos participar y apoyar ese movimiento me parece del todo razonable que hayamos apoyado la derogación de la Ley de Seguridad del Estado”, zanjó.

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