El senador Pedro Araya (PPD) explicó en Hoy es Noticia la nueva propuesta de la reforma de seguridad que cuenta con el respaldo del Gobierno y que fue ingresada este miércoles al Congreso Nacional.
Araya valoró que el Ejecutivo anunciara que no perseverará en el texto que impulsó originalmente para la reforma de seguridad, el cual criticó por ser “malo”, tener “una serie de problemas técnicos” y no contar con el respaldo político necesario.
“Se logró que el Gobierno retirara una muy mala reforma en materia de seguridad pública, que tenía una serie de problemas de carácter técnico y que, además, no tenía respaldo político. Después de mucho dialogar y de conversar con distintos parlamentarios, hemos ingresado una reforma constitucional que es de carácter transversal y que apunta a buscar soluciones a problemas concretos en materia de seguridad pública”, señaló.
Si bien indicó no tener conocimiento de si la reforma será retirada formalmente o no, enfatizó que lo importante es que el Gobierno “entendió el mensaje de que había presentado una mala reforma, que a partir de eso no iba a ser aprobada en el Congreso y que por eso era necesario avanzar en ver de qué forma se solucionaba el problema que se había generado”.
Argumentó lo anterior revelando que incluso el presidente José Antonio Kast, en una conversación con los presidentes de las Comisiones de Constitución y de Seguridad del Senado, aseguró estar “disponible” para retirar la propuesta “en pos de que se pudiera generar un acuerdo con un texto que resolviera, al menos, parte de los problemas que estaba planteando el Gobierno” y de que “no tenía piso”.
“Optamos por una reforma más bien minimalista”
Al entregar más detalles de la propuesta de los senadores, Araya explicó que prefirieron optar “por una reforma más bien minimalista (…) y los tres puntos que aborda son bastante centrales”.
El primer punto, señaló, trata de “establecer una condena a nivel constitucional del crimen organizado en la misma línea como lo es el terrorismo, estableciendo que el crimen organizado atenta contra el funcionamiento del Estado, contra la convivencia democrática y los derechos humanos”.
“El segundo tema es hacernos cargo de un problema que tiene hoy día Gendarmería respecto de la segregación penal, especialmente con aquellas personas privadas de libertad que tienen un mayor nivel de peligrosidad. Todos hemos visto cómo cada vez que Gendarmería toma una decisión de este tipo, se recurre ante los tribunales. Los tribunales muchas veces terminan revocando la decisión de Gendarmería y reos de alta peligrosidad terminan en cárceles que no tienen las condiciones”, sostuvo.
Otro punto importante que aborda la propuesta es la modificación que se propondrá para el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que tendrá un carácter preventivo, precisó.
“La diferencia que tiene este estado de excepción es que efectivamente se podrá decretar, por decirlo así, en forma preventiva. El Presidente no tendrá que esperar a que ocurra el hecho para poder decretar el estado de excepción”, explicó.
Aunque aclaró que el “estado de excepción mantiene las mismas reglas y criterios que el estado de excepción de emergencia” y que “no se le otorga nueva facultad al Presidente, no se conculcan nuevos derechos, sino que simplemente lo hace preventivamente para evitar que ocurra ese hecho grave”.
Además, afirmó que integraron un “control adicional, que hoy día no existe en los estados de excepción, que es que el Congreso en cualquier minuto puede poner término al estado de excepción constitucional cuando estime que el Presidente lo está malutilizando o se excede en sus atribuciones“.
De esta forma, remarcó que el Congreso podría acabar con la medida con un quórum de mayoría simple.
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