Sebastián Aguirre reflexiona sobre la polémica por las licencias falsas: “Un Estado debilitado por la corrupción es…”

En las últimas semanas, Chile ha sido sacudido otra vez por escándalos que lamentablemente se han vuelto más frecuentes de lo que quisiéramos. Esta vez el foco está en el mal uso de las licencias médicas por parte de 25 mil funcionarios públicos, lo que ha puesto en tela de juicio la integridad del aparato estatal.

Lo encontrado, nuevamente, ha encendido las alarmas sobre la transparencia y la ética en el sector público. Pero del escándalo y la indignación natural, los ciudadanos exigen luego respuestas a quienes están llamados a servir y presuntamente han cometido estos abusos. Una mirada más detenida requiere preguntarse si es conveniente permitir que estos casos, por muy graves que sean, ensucien también a toda la función pública en una generalización que puede ser muy dañina.

Chile cuenta con más de un millón de empleados públicos, seguramente la gran mayoría trabaja con profesionalismo, guiados por una vocación de servicio y su trabajo, lejos de ser parte del problema, es esencial para que el Estado funcione. Sin embargo, la confianza en las instituciones públicas ha alcanzado niveles que son preocupantes.

Según un estudio de la OCDE de 2024, el 30% de los chilenos declara tener una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno nacional y a penas un 24% confía en el servicio civil, cifras que son significativamente inferiores si nos comparamos al promedio de los países de la OCDE.

Y el asunto es particularmente crítico cuando en Chile están operando bandas de crimen organizado que son cada vez más audaces y que aprovechan todo el espacio que tengan para asentar sus negocios ilícitos. Un Estado debilitado por la corrupción es caldo de cultivo perfecto para que penetren estas bandas.

Lo hemos visto en otros países y la historia termina muy mal porque el fenómeno se extiende rápido y los expertos coinciden en que luego es muy difícil detenerlo. El momento es ahora. Por eso esta debe ser una oportunidad para investigar primero y castigar después de manera ejemplar a quienes han defraudado la fe pública y después repensar cómo fortalecemos la función pública al alero de un debate presidencial donde abundan propuestas de distinto tipo respecto al rol del Estado.

Hay más fiscalización con controles permanentes y oportunos, más eficiencia y transparencia a las decisiones de gasto y la necesidad sobre todo de abordar el gasto público en momentos críticos según ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo que requieren una mirada de largo plazo y responsabilidad política.

Después de la indignación, entonces se necesita una discusión más profunda. salir de los titulares del recorte de grasa o la poda profunda o aumentar impuestos a rajatabla sin la necesaria reflexión de cómo hacerse cargo de demandas sociales que crecen de la necesidad de un Estado que debe ser más fuerte para ese objetivo y del riesgo también que supone el momento histórico que vive Chile en materia de seguridad.