Marie Claude Plumer explicó que ambas empresas no cumplieron con la obligación de integrarse a un sistema de gestión, requisito clave en el primer año de exigencia de metas bajo la Ley REP.
En conversación con CNN Chile Radio, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó en profundidad los motivos que llevaron a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a formular cargos contra las empresas Huawei e Insacomex, en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Según señaló, ambas compañías habrían incumplido una serie de obligaciones contempladas en esta normativa, que busca responsabilizar a los productores por la gestión de los residuos derivados de sus productos.
“La Ley REP es del año 2016 y ha tenido una aplicación progresiva. Este 2024 es el primer año en que comienzan a hacerse efectivas las metas de cumplimiento“, afirmó Plumer, precisando que el instrumento central de esta legislación es la responsabilidad extendida del productor, que exige, entre otras cosas, la inscripción en registros oficiales y la creación de sistemas de gestión, ya sea colectivos o individuales.
La superintendenta recalcó que el modelo detrás de la REP se basa en el principio de “quien contamina, paga”, obligando a los generadores de residuos a asumir los costos asociados a su tratamiento, reciclaje o valorización.
“Implica un esfuerzo conjunto de actores públicos y privados para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización”, sostuvo.
Respecto al caso de Huawei, Plumer detalló que la empresa no se conformó en un sistema de gestión, obligación esencial para dar cumplimiento a las metas de reciclaje en las categorías de neumáticos y envases y embalajes, fijadas para este año.
“En 2024 se presentaron 27 sistemas de gestión por parte de otras empresas, lo que demuestra que sí existe la posibilidad de cumplir con lo establecido“, enfatizó.
Sobre el procedimiento iniciado, aclaró que aún no se ha determinado ninguna sanción. “Estamos en una etapa inicial, donde se asignan cargos y las empresas tienen derecho a presentar descargos y pruebas. Todo esto se revisa bajo las garantías propias de un debido proceso administrativo”, explicó.
Finalmente, Plumer destacó que la fiscalización y cumplimiento de la Ley REP es una prioridad para la institución, pues permite avanzar hacia una gestión más sustentable de los residuos en el país y una mayor responsabilidad empresarial frente a su impacto ambiental.
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