En conversación con CNN AM, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, explicó que el fuerte aumento en los procesos de insolvencia responde a un uso desmedido del crédito y a una débil educación financiera en la ciudadanía.
La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) informó que las solicitudes de liquidación de personas aumentaron un 54% durante el primer semestre de 2025, mientras que los procesos de renegociación crecieron un 81% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La autoridad atribuye este alza a un preocupante déficit en la educación financiera de la población, lo que se traduce en un uso desregulado del crédito.
Hugo Sánchez, superintendente de la SUPERIR, explicó en conversación con CNN Chile AM que muchas personas acceden con facilidad a tarjetas de crédito o préstamos, pero no cuentan con las herramientas necesarias para administrar sus finanzas.
“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que Chile presenta bajos niveles de educación financiera. Por eso hemos intensificado nuestras campañas informativas, realizando entre 800 y 1.000 actividades anuales en todo el país, en coordinación con universidades, el SERNAC y otras instituciones públicas“, detalló.
Sánchez destacó que la SUPERIR ofrece asistencia gratuita para quienes enfrentan dificultades económicas, a través de atención remota, telefónica y presencial en todas las regiones. Uno de los mecanismos disponibles es la renegociación de deudas, un procedimiento sin costo y sin necesidad de abogados, en el que los profesionales de la Superintendencia —abogados y contadores— asesoran directamente a los deudores.
Para los casos en que no sea posible llegar a un acuerdo con los acreedores, existe también la liquidación simplificada, un proceso judicial que, gracias a la nueva Ley de Insolvencia (vigente desde el 11 de agosto de 2023), se ha reducido de tres años a siete u ocho meses. Esta reforma busca facilitar la salida ordenada de las deudas y permitir una pronta reinserción económica.
Uno de los cambios más significativos introducidos por esta normativa es la eliminación de los registros comerciales negativos una vez que finaliza el procedimiento de renegociación o liquidación. “Hoy ya no es posible que una persona, tras haber cumplido con su proceso, quede marcada de por vida en los sistemas financieros. Los administradores de bases de datos y acreedores están obligados a eliminar esos antecedentes en un plazo máximo de 30 días“, explicó Sánchez.
Gracias a esta medida, quienes se acogen a estos mecanismos pueden volver a solicitar productos financieros sin ser discriminados por su historial de insolvencia. “El objetivo es claro: dar una segunda oportunidad, tanto a personas naturales como a emprendedores de micro y pequeñas empresas”, concluyó el superintendente.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
