Se ha creado -y con razón- toda una controversia sobre la responsabilidad del diputado de RN, Miguel Mellado, por grabar secretamente y, luego, filtrar una conversación privada con el Presidente de la República.
El diputado primero mintió sobre su participación y, después, cuando la investigación inequívocamente apuntaba a él, ofreció disculpas, sin antes señalar que “no me da vergüenza lo que hice“.
A veces vale la pena imaginar el contra factual de este caso, no para castigar porque un contra factual es un hecho imaginario que no ha ocurrido, sino para aquilatar la calidad ética de las opiniones favorables al diputado desde su sector.
Si en vez de Mellado el suceso lo hubiese realizado un diputado del actual oficialismo, pero con un presidente de derecha, ¿se escucharían voces tan comprensivas y llanas a dejar pasar el delito, solo porque después de mentir se descubrió su responsabilidad?
La razón de por qué la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo de la justicia en Chile es tan pobre, es precisamente por este tipo de casos.
Cuando el poder y los altos cargos pasan por tribunales, la eficacia y severidad de la justicia tienen más que ver con clases de ética que con aplicación clara del castigo proporcional al delito. El diputado Mellado, con las pocas excepciones judiciales que hay, está bien acompañado en esta vuelta.
Puede temer a la justicia chilena… pero poco.
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