Da vergüenza. Se les vio indignados —y con razón— cuando desde la oposición se quiso sacar al fiscal Armendáriz en medio del caso Yáñez. Y ahora, por el caso Cariola y por ProCultura, quieren hacer lo mismo con el fiscal Cooper: el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).
Parece que no oyeron al Presidente: “No tengo nada que ocultar y, por tanto, que se investigue todo”. Eso es lo que deberían haber dicho sus parlamentarios.
Porque esto no es sobre Yáñez ayer o el presidente Gabriel Boric hoy, ni sobre Armendáriz o Cooper. Esto no es poner las manos al fuego por ningún fiscal, sino entender que el Ministerio Público tiene controles: los jueces.
El Parlamento tiene mucho que decir en la carrera de persecutores y jueces, razón de sobra para respetar la separación de poderes.
No nos pisemos la capa entre superhéroes: la Constitución les prohíbe a los parlamentarios intervenir en causas en trámite, y eso es justamente lo que hacen cuando reaccionan solo ante las que afectan a su sector político. Es muy obvio.
Por algo está en la Ley Suprema: porque un fiscal amedrentado es un peligro grave y garantía de impunidad.
En tiempos en que hemos usado tanto el lenguaje eclesial, harían bien en reflexionar estos sacristanes. Porque la democracia no aguanta más desprestigio con la baja adhesión que ya tiene.
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