Tras ocho meses de toma por parte de la Aces (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), la tarde de este martes se depuso la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su sede de Providencia, que finalmente fue entregada a los trabajadores del organismo a un día de que se cumpliera el plazo entregado por Contraloría para desocupar el edificio.
En dicho contexto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, conversó con CNN Chile para detallar el proceso en que la subsecretaría de la cartera actuó como mediadora, pero, además, profundizó en el anuncio del gobierno para poner suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido social, respondiendo a las controversias que ha generado la decisión.
“Esto es gracias a un diálogo entre los trabajadores y quienes han estado en la toma, en que la subsecretaria de Derechos Humanos ha sido mediadora”, especificó la ministra, reafirmando que desde el gobierno “estamos convencidos que los conflictos se resuelven a través del diálogo“.
Sin embargo, también transparentó que en el proceso “a nosotros nos preocupaba en particular evitar un escalamiento de este conflicto, evitar que personas que hayan sido víctimas de represión o violación a los derechos humanos y las organizaciones tuvieran que enfrentar un desalojo violento, no nos parecía la mejor forma, y eso es lo que nos ha pedido el presidente Gabriel Boric: Que pongamos acento en sanar las heridas, en siempre tratar de buscar soluciones a través de mecanismos democráticos y de la escucha”.
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Respecto a un acercamiento con el director del instituto, Sergio Micco, la ministra Ríos sostuvo que “por ahora no hubo conversaciones con el directorio“, aunque manifestó que ya tiene una solicitud formal para reunirse con el dicho equipo y lo harán en el futuro cercano.
“Como gobierno no hemos negociado”, subrayó Ríos, descartando también que se haya producido ningún acuerdo que comprometa gastos del Estado. A su vez, anunció que “vamos a elaborar un plan que será insumo de diálogo con familiares y organizaciones de DD.HH.”, recordando que “este es un proceso de reconstrucción de confianzas“.
Consultada por el anuncio del gobierno de poner suma urgencia al proyecto de amnistía a presos del estallido, la ministra recordó que, si bien el proyecto nació del Senado, “era una de las medidas comprometidas por este gobierno” y confirmó que, para comenzar el trámite, “el ministro Jackson se reunió con los presidentes de bancada“.
“Implica hacerse cargo de las heridas infligidas por el estallido“, destacó la ministra, “hacernos cargo de la realidad de cientos de familias que fueron afectadas por una persecución excesiva“. En dicho punto, puso el foco en aquellos casos que no estarán incluidos en la amnistía: “No están incluido aquellos en la ley porte de armas, delitos contra la vida de las personas, ni delitos de incendio“.
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Asimismo, la ministra confirmó que dentro de esta urgencia se encuentra la reparación a pymes perjudicadas por el estallido: “Estamos trabajando con los ministerios para una reparación integral. Es una agenda que impulsaremos con la misma prioridad que aquella de DD.HH.“, dijo.
Finalmente, y a pesar de las duras críticas de la oposición, Ríos sentenció que “no podemos pensar que en una democracia se intente impedir que exista protesta. Lo que sí tenemos que trabajar es que se produzca pacíficamente, que las personas tengan el derecho a expresarse”.
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