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María Paz Arzola, ministra de Educación: “La gratuidad no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a la educación superior”

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La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó en CNN Prime el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, presentado por el Gobierno, que incorpora nuevos requisitos para acceder a la gratuidad y también entregó su visión sobre esta política pública.

Respecto al primer punto, la secretaria de Estado aclaró que la iniciativa establece la inhabilidad para acceder a este beneficio por cinco años para quienes hayan sido condenados por delitos contra la vida o contra la propiedad en el contexto educativo. No obstante, precisó que, en caso de que la persona haya cumplido con lo dictado por la justicia en materia de reinserción, se podrá hacer una excepción.

“La idea es disuadir, porque cometer delitos en el contexto educativo hoy no tiene costos, y queremos transmitir que la violencia no puede tener cabida en el espacio escolar”, remarcó.

Por otro lado, respecto del debate sobre la gratuidad, señaló que “tiene que ver con dar sostenibilidad y viabilidad económica a beneficios que algunos interpretan como derechos sociales y que hoy necesitan financiamiento. Estamos en una situación en la cual, si no cobramos, por ejemplo, el CAE, nos van a faltar recursos para sostener los beneficios sociales”.

En cuanto a la restricción para personas mayores de 30 años, aclaró: “El acceso a la educación superior y otras ayudas financieras por parte del Estado van a estar disponibles. Pero hoy nos encontramos con la situación de que tenemos un beneficio como la gratuidad que es insostenible hacia el futuro”.

De acuerdo con lo anterior, explicó que “su costo es más del doble de lo que se dijo que iba a costar en el informe financiero de ese proyecto”. En esa línea, mencionó que la administración de Gabriel Boric realizó una comisión para estudiar propuestas sobre cómo abordar el gasto futuro, instancia en la que surgió dicha propuesta.

“Todos quienes reciban la gratuidad, independiente de la edad que tengan y donde estudien, no van a perder ese beneficio. La pregunta que nos tenemos que hacer —y no es un capricho nuestro, sino una necesidad para poder hacer sostenible el gasto público y los beneficios sociales— es cómo contenemos el gasto hacia el futuro”, puntualizó.

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto a definiciones generales sobre la gratuidad —en particular, su visión sobre si se trata de una buena o mala política pública y si es necesario retroceder en su alcance para destinar esos recursos a otras urgencias— respondió: “Hoy la gratuidad llega hasta el 60% de menores ingresos y a mí me parece que ese es un nivel adecuado”, y agregó que, a su juicio, actualmente el país no se encuentra en las “condiciones económicas para sostener un beneficio para personas del decil 6, 7, 8 y más”.

Por tanto, señaló que su propuesta personal sería “condicionar la extensión de la gratuidad” en pos de aumentar la cobertura en jardines infantiles. En ese sentido, planteó que, si el país lograra igualar los niveles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se estaría en condiciones de evaluar una ampliación.

No obstante, sostuvo que actualmente esta normativa se encuentra vigente, aunque, desde su perspectiva, “la gratuidad hoy día no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a la educación superior”.

“Y la explicación de eso es bastante simple: antes de la gratuidad existían otros beneficios que permitían el financiamiento de quienes no contaban con recursos propios para acceder a este nivel educativo. Lo que hizo la gratuidad fue, en gran medida, sustituir recursos que antes eran privados por recursos públicos, por eso le sale tan alto al Estado. Sin embargo, personas que antes estaban accediendo en función de otra ayuda ahora lo están haciendo en virtud de la gratuidad, por eso el acceso no se ha visto especialmente impactado”, cerró.

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