En la negociación por el reajuste del sector público, el Gobierno incluyó un acuerdo para hacer más difícil el despido de algunos funcionarios, sobre todo a contrata.
Se ha calculado que la nueva norma, de aprobarse, podría involucrar a más de 300 mil funcionarios, quienes quedarían prácticamente asegurados con esta reforma, o al menos con mucha más estabilidad que la que tienen actualmente.
La palabra ‘amarre’, que se ha instalado, está lejos de ser casual, pues recuerda las medidas adoptadas por la dictadura en sus últimos meses. La idea era dejar todo amarrado y bien amarrado. Si esto era importante, si la medida tenía valor o razones para tomarse, lo mínimo que podía pedirse es que se hubiera implementado en los años anteriores, cuando el mismo gobierno habría pagado la cuenta y los costos de la medida. Pero resulta, cuando menos, curioso que el Ejecutivo tome esta decisión justo ahora, a pocas semanas del cambio de gobierno, sabiendo además que existe consenso sobre las dificultades del estatuto administrativo heredado de la dictadura, dificultades que esta propuesta solo refuerza.
Lo más preocupante es que, si tomamos en serio esta señal, parece decirnos bastante sobre el tipo de oposición que ejercerá el actual oficialismo: ni sal ni agua para el nuevo gobierno. La pregunta, al menos, merece ser formulada.
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