Portazo para Galvarino Apablaza: Justicia ratifica orden de captura internacional por crímenes terroristas

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener a firme la orden de detención internacional con notificación roja en contra de Galvarino Apablaza Guerra.

Según lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino desestimó el recurso de amparo que buscaba invalidar la medida dictada por la ministra en visita Paola Plaza, quien investiga al exfrentista por su rol en el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.

La resolución judicial fundamenta que la búsqueda del procesado es una medida ajustada a derecho para garantizar su comparecencia ante los tribunales chilenos.

Según los magistrados, Apablaza Guerra mantiene su condición de prófugo tanto en Chile como en Argentina, país donde se encuentra inubicable tras la reciente reactivación de los procesos en su contra. De hecho, el tribunal recordó que la jueza trasandina María Servini ya emitió una orden similar debido a que el requerido no ha podido ser localizado en dicho territorio.

Respecto a los argumentos de la defensa sobre una eventual prescripción de los delitos, los ministros Marisol Rojas, Pedro Caro e Iara Barrios fueron tajantes en señalar que el proceso de extradición sigue plenamente vigente. El fallo subraya que, dado que el imputado se encuentra fuera de Chile, los plazos legales se computan de manera distinta y se suspenden por las actuaciones judiciales previas. “Considerando el aumento del plazo de prescripción por aplicación del citado artículo 100 y la circunstancia que el proceso penal se ha reactivado en múltiples ocasiones, no es posible concluir que la acción penal se encuentre prescrita”, consigna el documento.

Finalmente, la justicia chilena descartó que el estatus de refugiado político —invocado históricamente por el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)— sea un impedimento para las gestiones de captura. La resolución detalla que dicha protección fue revocada por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) en Argentina y ratificada por instancias superiores de ese país en febrero pasado.

De esta forma, el tribunal concluyó que la resolución que ordena su arresto no vulnera la libertad personal de forma ilegal.